Para Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de Pimec, «es una reforma que está orientada a la mejora de la protección de las personas, pero que debería ir acompañada de mejores incentivos al empleo».

«De hecho, si bien los subsidios eran de importes muy bajos, mejorarlos podría haberse hecho en paralelo a favorecer el tránsito hacia la empleabilidad reforzando los incentivos y las obligaciones de las personas que lo perciben. Incluso algunas se han reducido, como la renovación de las demandas de empleo, que ahora se limitan al deber de responder cuando la persona es requerida por los servicios públicos de empleo, algo que con las ratios de profesionales que tenemos en las oficinas de empleo, difícilmente sucederá», advierte.

«Es positiva la orientación a la complementariedad de trabajo y prestación porque puede facilitar el acceso al empleo en muchos casos. Lo más cuestionable es que debió afrontarse la reforma de prestaciones (de las políticas pasivas de empleo) junto a la Ley de Empleo (políticas activas), porque España sufre la paradoja del 80/20 (80% de gasto en prestaciones y 20% de gasto en políticas activas) y eso debería revertirse», añade.

«Mientras se trabajen las políticas de empleo por separado seguiremos teniendo esa paradoja que no es el esquema de los países más competitivos, y seguramente una alta tasa de desempleo (el triple que muchos países de la UE)», concluye.