La Presidencia española de la UE ha logrado un acuerdo político de los 27 Estados miembros de la Unión Europea para la reforma de las reglas fiscales, durante el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) de la Unión Europea, cumpliendo con el mandato del Consejo Europeo de llegar a un acuerdo antes de final de año.

El acuerdo define unas reglas fiscales «adecuadas para el siglo XXI, claras, creíbles y que garantizan las necesarias inversiones y reformas en los ámbitos estratégicos clave para el futuro de la Unión Europea».

“El acuerdo sobre las reglas fiscales es una noticia importante y positiva;
dará certidumbre a los mercados financieros y reforzará la confianza en
las economías europeas», subraya la vicepresidenta primera y ministra de
Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño.

El acuerdo se ha forjado sobre la propuesta de la presidencia española:
reglas más simples, adaptadas a la realidad post-pandemia, realistas y
equilibradas para reducir la deuda de forma compatible con el impulso a la
inversión y el crecimiento inclusivo.

Se trata de reglas adaptadas a las características de cada Estado miembro, basadas en un único indicador – la senda de gasto-, recogiéndose en una “cuenta de control” las
posibles desviaciones acumuladas..

Se han introducido cuatro tipos de salvaguardas para garantizar la reducción sostenida de la deuda, el impacto contracíclico, un sistema de control y supervisión de estas reglas fiscales más realista y más eficaz y, al mismo tiempo, protección para las inversiones públicas que corresponden a las prioridades europeas en el ámbito verde, digital, social y de defensa.

En definitiva, que todo el conjunto de las reglas fiscales garantice una política económica contracíclica, el crecimiento económico inclusivo y la
estabilidad en toda la Unión Europea.

Los países tendrán que presentar sus propios planes fiscales de 4 años, con la posibilidad de ampliar el periodo de ajuste fiscal a 7 años para permitir la ejecución de
las inversiones y reformas estratégicas. Esto se traducirá en un mejor cumplimiento, ya que las condiciones estarán alineadas con las prioridades de los gobiernos y sus necesidades específicas.

Para facilitar la transición al nuevo marco, se establece un tratamiento especial de las reformas e inversiones de los Planes de Recuperación Next Generation, así como de la cofinanciación nacional de otros fondos europeos.

El sistema incorpora salvaguardas con umbrales de referencia para todos los países
con el fin de garantizar una reducción efectiva media anual de 1 punto porcentual de la ratio de deuda para países con deuda superior al 90% y 0,5% para los que estén entre 60% y 90%.

Un margen fiscal de déficit estructural del 1,5% del PIB por debajo del 3%
en el brazo preventivo.

Una velocidad de ajuste del déficit estructural primario para estos países
del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25% en caso de
extensión de 4 a 7 años.

Las reglas contemplan un régimen transitorio hasta 2027 que suaviza el
impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de
inversión.

Próximos pasos

Una vez alcanzado el acuerdo político, se espera que en breve comiencen
los debates sobre el texto acordado en la fase de negociación interinstitucional, conocida comúnmente como trílogos, en las que participan tres instituciones de la Unión Europea –Consejo de la UE, Parlamento Europeo y Comisión Europea-.

Tras el consenso alcanzado  proseguirán los trabajos técnicos para
completar el texto jurídico de conformidad con el acuerdo provisional. Una
vez finalizado, el texto se presentará a Comité de Representantes
Permanentes de los Estados miembros para su aprobación.

El acuerdo revisado deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y
el Consejo antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y
entrar en vigor en 2024, con efectos a partir de la planificación
presupuestaria de 2025.