Dice, con verdad, el refranero que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.
Y eso es lo que está empezando a pasar con la política fiscal, esquilmatoria y abusiva,
del Gobierno, confirmando una vez más la veracidad de la curva de Laffer cuando
afirma que aumentar los tipos impositivos por encima de un determinado punto provoca
una disminución en la recaudación por ingresos fiscales.

Son varios los impuestos que pueden tomarse como ejemplo para aproximarnos a este
fenómeno. En España, por ejemplo, con la subida del IVA cultural pudo observarse
como la recaudación sufrió una fuerte caída en los años posteriores. Circunstancia que
ahora vuelve a repetirse como reflejan las proyecciones de recaudación impositiva de la Agencia Tributaria que muestran como este impuesto sobre el valor añadido, el más
importante de los tributos indirectos cerrará el ejercicio con unos ingresos de 76,.000
millones de euros, es decir, estancado o, en el mejor de los casos, con un crecimiento
mínimo, inferior al 1%, respecto a 2022 como consecuencia de la debilidad del
consumo interno.

Una fuerte desaceleración que los analistas califican de “coherente” con el
comportamiento de un tributo que, en los últimos meses, ha experimentado importantes
descensos en su rendimiento, como el 3,8% interanual del pasado mayo. Caídas cuya
magnitud no obedece únicamente por la persistencia de las ayudas contra la inflación.

Algo similar a lo que ocurre también con el Impuesto de Sociedades, donde las
proyecciones de la Agencia Tributaria apuntan a un crecimiento del 3,3%, hasta ingresar 30.350 millones, tasa de aumento que supone una notable desaceleración con respecto a los incrementos del 20% que experimentaba este tributo hasta el primer trimestre del ejercicio, para caer a tasas de apenas un 6% en el tramo final del ejercicio. Recordar que las empresas están afectadas además de por el gravamen en Sociedades por los impuestos a las energéticas y a la banca que, como era de esperar, repercuten luego en sus clientes.

Y es que la presión fiscal que el gobierno ejerce sobre las empresas no para de crecer,
afectando negativamente no sólo a los ingresos del Estado, sino también a la
competitividad, a la inversión, a la creación de empleo y, también de forma indirecta a
la inflación porque la subidas fiscales terminan reflejándose en los precios al consumo
de los bienes y servicios que producen. De hecho, los últimos informes realizados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea) y la OCDE constatan que la recaudación fiscal procedente de las
empresas es en España se eleva al 32,9% frente al 23,9% de media de la Unión Europea, nada menos que nueve puntos porcentuales menos. Eso, además de que la presión fiscal, que mide los ingresos tributarios en relación al PIB, alcanzó en Españas cifras récord en 2022, superando el 42% del PIB por encima del promedio de la UE que fue del 41,7%, lo que está provocando una fuga de inversiones que también se deja notar ya en la recaudación y, con los propios datos oficiales, España deja de recaudar una media de 4.300 millones de euros por la fuga de beneficios de las multinacionales a los paraísos fiscales y países con una tributación más baja que la española.

Y hablando de impuestos, dos interrogantes para terminar: ¿Qué persigue el Gobierno
haciéndose con la mayoría del accionariado en Telefónica cuando hay mecanismos
legales como la Ley de OPAS para impedir que una empresa estratégica caiga en manos extranjeras? Y, sobre todo, ¿de dónde va a sacar los dos mil millones de euros para pagar la fiesta? Por si acaso, vayan rascándose el bolsillo.