El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por unanimidad, una declaración en la que insta al Congreso y al Senado a abstenerse de citar a jueces a las comisiones de investigación para hablar de asuntos de los que se hayan ocupado por su actividad jurisdiccional.

Si a pesar de ello los magistrados son citados, el Consejo denegará la autorización para que acudan.

En el acuerdo, los miembros de gobierno de los jueces expresan que, si bien ellos respetan la autonomía parlamentaria, también el Congreso debe «garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial». Y es por eso que «ha de quedar constancia que dichas comisiones parlamentarias carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados».

Los jueces están «plenamente sometidos a la Constitución y a las leyes», dicen, y a su propia responsabilidad disciplinaria y penal cuando incurran en delitos o infracciones. De ahí que las comisiones parlamentarias de investigación que el PSOE ha acordado con Junts se desenvuelven «en el plano estrictamente político» y están orientadas y limitadas a exigencias de responsabilidades de esa naturaleza.

Los vocales del CGPJ han acordado que si los jueces son llamados a declarar sobre asuntos en los que hayan intervenido «incluso bajo la advertencia de que puedan incurrir en responsabilidad penal», nadie tendrá obligación de atender a este requerimiento.