La adquisición del 10% de Telefónica por parte del Estado, una empresa considerada estratégica, es una medida de precaución ante la entrada por sorpresa del gobierno saudí. Tras la llegada de STC, que posee un 4,9% del capital de Telefónica y tiene derecho sobre otro 5% a través de instrumentos financieros convertibles, el Gobierno manifestó que aplicaría “todos los mecanismos necesarios” para defender “los intereses estratégicos de España”.

La  adquisición de las acciones ha contado con el visto bueno del Ejecutivo, en concreto del Ministerio de Defensa, puesto que la operadora es una de las principales proveedoras de servicios digitales y de telecomunicaciones del Ejército (en estos casos, se exige que el comprador pida permiso oficial para comprar entre un 5% y un 10% de una empresa). También se produce con el consenso del resto de accionistas y la participación se ha ajustará a los precios del mercado para poner en el valor a la compañía y someterse a las reglas del mercado y no perjudicar a los competidores.

Los mercados han recibido la noticia de la entrada del Estado con una subida de sus acciones del 6%. Los inversores valoran más la estabilidad financiera, la calidad de la gestión y la evolución del negocio que el carácter público o privado de los accionistas.

Desde el punto de vista estratégico y geopolítico, en un contexto de agudas tensiones en Ucrania y en Israel, conflictos que afectan a la economía mundial, la fortaleza y seguridad de las empresas y de los inversores es esencial y, por esa razón, cuanto más protegidas estén las empresas, más atractivas serán para los inversores. Otra cosa muy distinta es hasta qué punto es coherente esa decisión con la libertad empresarial.

Europa tiene 28 mercados con al menos cuatro operadores cada uno como norma general. Esto se traduce en un mínimo de 112 operadores para unos 750 millones de habitantes, mientras en Estados Unidos existen cinco para la mitad de población. A finales de los años ochenta, la Comisión Europea impulsó la liberalización de las telecomunicaciones como contestación a las reformas introducidas en Estados Unidos y Japón. El objetivo era tener cuantos más operadores mejor para conseguir mejores precios para los usuarios. Este proceso culminó en 1998 con precios más bajos, más usuarios y el despliegue de Internet a lo largo del continente.

A pesar de aquella liberalización, muchos países mantienen a sus Estados entre su accionariado, con porcentajes que van desde un máximo del 53,97% como es el caso de Noruega en Telenor, hasta el mínimo del 9,81% de Italia en Telekom y, entre medias, se encuentran las participaciones de países como Bélgica, Países Bajos, Suecia, Alemania, Austria y Francia.

El Estado no debería estar en el capital de empresas privadas, como principio económico básico, de la misma forma que las empresas deben asumir con todas sus consecuencias los efectos y defectos de una mala gestión sin involucrar a los Estados. Ahora bien, en la medida en que Europa ha alcanzado altos niveles como potencia reguladora, es casi imposible sustraerse a la intensa presencia de los gobiernos en la vida económica.  En ese sentido, la entrada del Estado en Telefónica, por medio de la SEPI, está en línea con la participación de otros Estados en empresas estratégicas similares dentro de la UE.

Ahora bien, para velar por el libre mercado, que es una característica fundacional de la UE, esa entrada no debe impedir o excluir la de cualquier otro accionista que quiera adquirir títulos de Telefónica, porque tanto en un caso como en otro los beneficiarios finales son todos los accionistas al captarse nuevos fondos e inversores.

Las cuestiones que permanecen abiertas tras la decisión del Estado son, en primer lugar, cómo financiará la SEPI una operación que no está prevista en su plan de inversiones y el coste aparejado para el Estado de esta operación; en segundo lugar, cuál va a ser el ritmo de adquisición del 10% en el mercado y sus efectos en la cotización de las acciones de Telefónica; y, en tercer lugar, qué decisión tomará STC a partir de la nueva configuración accionarial de la empresa de Telecomunicaciones.

Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín