El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acordado que la Comisión Europea supervise las negociaciones entre ambos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para cambiar la ley que regula el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Feijóo  asegurado que Sánchez se ha mostrado dispuesto a aceptar esta mediación. “Me ha contestado que está dispuesto a que la Comisión supervise la renovación y un nuevo texto”, ha dicho el jefe de la oposición en su comparecencia, tras hora y media de reunión con el presidente.

Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, ha confirmado este pacto: “Hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique en la renovación del Poder Judicial”.

Feijóo ha explicado que ha exigido paralizar la moción de censura en Pamplona que dará la Alcaldía a Bildu con el apoyo del PSOE y que Sánchez lo ha rechazado.

El líder del PP ha anunciado un acuerdo para modificar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término “disminuidos”. Sánchez y Feijóo acuerdan una reforma exprés del artículo 49 de la Constitución sin referéndum para eliminar «disminuido» y su sustitución por «persona con discapacidad».

La idea es registrar la iniciativa la próxima semana y aprobarla en enero, sin tocar ningún otro artículo de la Carta Magna

Una reforma constitucional de este tipo exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores), lo que hace imprescindible la presencia de los dos grandes partidos.

Según ha explicado Feijóo en rueda de prensa, su propuesta es que antes de fin de año el PSOE y el PP presenten conjuntamente como proposición de ley el texto que pactaron hace meses y con las garantías de que no se aceptarán enmiendas ajenas ni modificaciones que no cuenten con el apoyo de los dos grandes partidos.

También requiere el compromiso del PSOE de que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma, pues se podría organizar con la firma de 35 diputados y la posición de los de Yolanda Díaz sería determinante si alguien lo propusiera.

Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto «más acorde a los nuevos tiempos».

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

Lo que se pretende es cambiar a redacción recogiendo que «las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación».

Además, se busca señalar que «los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad».

La idea es incluir un tercer punto diciendo que «se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes» y que «las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos».