Cuando una sociedad vive instalada en el despotismo, el conformismo y la mentira todo
vale porque todo lo admite, lo soporta, lo tolera y hasta los números y los dineros se
manipulan, se tergiversan y se utilizan en beneficio del que manda y para pagar votos
cautivos, favores y apoyos a la investidura.

Y esto es lo que ocurre aquí en España con las cuentas del Estado para el año próximo, especialmente con el techo de gasto que, más que tope, es una orgía de gasto a costa del contribuyente convertido en pagafantas y en convidado de piedra de la bacanal.

Nada menos que 199.120 millones de euros de gasto presupuestado para el año
próximo, 80.000 millones de euros más que cuando Sánchez se instaló en el Gobierno,
que confirman la intención del gobierno de mantener una política económica expansiva
justo cuando la Unión Europea ordena la vuelta a las reglas fiscales de déficit y deuda
suavizadas por la pandemia del Covid.

Un aquelarre de dinero que, además, no se va a gastar en inversiones, infraestructuras, sanidad, educación, servicios sociales y creación de empleo, sino en subvenciones, subsidios la condonación de la deuda de Cataluña y el derroche de un gobierno elefantiásico de 22 ministerios, 103 secretarios y subsecretarios, y más de mil asesores y enchufados que nos van a costar 175.000 millones de euros anuales, más del triple de los 60.000 millones que nos costaban los gobiernos de Rajoy.

Decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el plan presupuestario
aprobado junto con este techo de gasto mastodóntico permitiría reducir el déficit hasta
el 3% en 2024 pero lo cierto es que España no ha presentado un plan creíble para
reducir la deuda como rebaten desde la Comisión Europea, el Banco de España y la
AIREF, la autoridad fiscal independiente que ya ha explicado que el déficit subirá hasta
el 3,2% en 2026. Y, además, ¿quién se cree las palabras de Montero o de su jefe? La
misma ministra que sostenía ante los consejeros de Hacienda de las comunidades
autónomas que “no hay negociación bilateral con Cataluña sobre su financiación”.

Pero con todo, el principal problema no es cuanto se gasta, sino cómo se financia. Nos
van a freír a impuestos. Las 14 subidas fiscales ya anunciadas para principios de año
pueden ser una broma con lo que se avecina, teniendo en cuenta que el Plan
Presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas prevé unos ingresos fiscales de
648.000 millones, 159.000 millones más que cuando Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno y con peores servicios y, si no, ahí están como muestra el funcionamiento de los trenes, las listas de espera sanitarias, los resultados del informe PISA en la educación o las imposibilidad de concertar cita con la Seguridad Social, la DGT o las administraciones del Estado.

Mas impuestos, y más deuda en un país donde el endeudamiento público se eleva a
1.588.743 millones de euros y crece a un ritmo de casi siete millones de euros cada hora y 164 millones de euros cada día. Sólo los acuerdos del PSOE para investir de nuevo presidente a Pedro Sánchez, con Sumar y con los independentistas catalanes y vascos, suponen un incremento cercano a dos puntos sobre el PIB en déficit y deuda.

Y hablando de que todo vale, vemos que vale hasta la traición a la memoria y vender la
sangre derramada de Ernest Lluch, Fernando Múgica y el resto los socialistas
asesinados y de todas las víctimas de ETA entregando la alcaldía de Pamplona a EH Bildu, el partido heredero de la banda terrorista que llevaba asesinos en sus listas. Y,
¡ojo!, que esto sólo es el principio.