A partir de mañana, los bancos en España quedan impedidos de cobrar comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla a personas mayores de 65 años y a individuos con discapacidad igual o superior al 33%. Esta medida, incluida en el denominado decreto ‘anticrisis’ aprobado por el Consejo de Ministros, busca proteger a los colectivos más vulnerables y garantizar su acceso a servicios financieros esenciales.

La modificación del artículo 35 del Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, se ha materializado con el fin de fortalecer la protección de estos segmentos de la población. El decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que esta acción es crucial debido a la importancia del efectivo, siendo el medio de pago más utilizado por el 74% de las transacciones de personas mayores y por aquellos con limitaciones digitales o de accesibilidad física para utilizar cajeros automáticos.

El informe de seguimiento sobre la accesibilidad presencial a los servicios bancarios en España de 2023 del Banco de España también resalta la dificultad que enfrentan ciertos colectivos para acceder al efectivo. Reconoce como vulnerables a grupos caracterizados por edades avanzadas y bajas capacidades digitales, para quienes la retirada de efectivo en ventanilla es un servicio básico y esencial.

El decreto hace mención al Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, firmado en 2021, el cual garantiza la atención a colectivos vulnerables, incluyendo la prestación de servicios en ventanilla, como la retirada de efectivo, en horarios ampliados. Se señala que el uso de cajeros automáticos por estas personas suele estar influido por las comisiones aplicadas en ventanilla, más altas en algunos casos que las establecidas para los cajeros.

Otras medidas de «Escudo social»

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expresado su aprobación ante esta medida, que responde a las solicitudes conjuntas de sectores asociativos de personas mayores y con discapacidad, considerando su condición de consumidores vulnerables y pidiendo medidas para protegerlos de la exclusión financiera.

Además de esta medida, la prórroga parcial del ‘escudo social’ incluye otras acciones para paliar los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania. Estas medidas implican la prohibición de cortes por impago en los suministros básicos de electricidad, agua y gas a los consumidores vulnerables. Se mantendrán descuentos en el bono social eléctrico para estos colectivos y la reducción del IVA de alimentos esenciales hasta junio de 2024.

Esta iniciativa gubernamental busca aliviar la situación de los sectores más vulnerables en medio de la actual coyuntura económica y social, asegurando el acceso a servicios fundamentales y una protección reforzada contra la exclusión financiera.