Para la portavoz del Govern, dar incentivos a las empresas que sacaron sus sedes de Catalunya supondría un «agravio» hacia las que las mantuvieron.

El portavoz de Junts, Josep Rius, defiende que las empresas que trasladaron su sede de Cataluña por el ‘procés’ «puedan ser sancionadas» si no vuelven. Y que las empresas que vuelvan o que mantuvieron su sede en Cataluña podrían beneficiarse de «incentivos fiscales».

Por su parte, el Gobierno central no ha dejado clara su posición respecto a la propuesta de Junts, para no perjudicar la negociación que está en marcha para la convalidación de varios decretos leyes.

La portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se limita a asegurar que el Gobierno «siempre» da la máxima seguridad jurídica a las empresas españolas.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, critica que Junts quiera cambiar la legislación para multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña a cambio de apoyos para el Gobierno para sacar adelante los últimos decretos aprobados por el Ejecutivo: eso “se llama regulación en vena o se llama comunismo”.

En declaraciones a RNE, señala que esta medida es la mejor forma de que no se creasen empresas, porque éstas “tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran”.

Recuerda que las empresas no abandonaron Cataluña ”por placer”, sino porque “no les quedaba otro remedio y con muchísimo dolor”. ”Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que la gente vuelva a su tierra, que es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo ‘usted vuelve porque si no le multan’. No sé ni si es constitucional, pero es que esos planteamientos, sinceramente, son de aurora boreal”, argumenta. Para Garamendi, lo que hay que hacer es “generar el clima de confianza y de ánimo para que las empresas que se tuvieron que ir de Cataluña con auténtica tristeza puedan volver».