Aún estando, como estamos, acostumbrados ya a los cambios de opinión,
contradicciones y deserciones de Pedro Sánchez, también en política internacional –
desde la entrega del Sahara a Marruecos hasta sus apoyos y avenencias con los
terroristas de Hamas pasando por los pasaportes de Kosovo- no deja de resultar inaudito y bochornoso el rechazo del Gobierno a participar en la operación contra los piratas hutíes en el Mar Rojo que lidera EE UU y apoyada por todos nuestros aliados
occidentales, a los que una vez más, el sanchismo gobernante ha vuelto a abandonar y
defraudar.

Deserción esta que, no sólo ahonda en el desprestigio, el descrédito y la irrelevancia
internacional de España, sino que supone no sólo una dejación de nuestros compromisos con la seguridad y la libertad del comercio mundial sino también de la defensa de nuestros propios intereses económicos como país y con los de nuestras empresas en una crisis que ha disparado ya un 170% los costes del transporte marítimo – los últimos días de diciembre se hablaba de precios de 1.700 euros por contenedor cuando estaban a 650 euros en la misma ruta- y que supone un duro golpe para países importadores de energía como España, que el año pasado importó en torno a un 5% del gas desde Catar.

Por ello, el objetivo prioritario de esta misión internacional es garantizar la seguridad de
los buques mercantes que navegan por el mar Rojo, especialmente, a su paso por
Yemen, donde los hutíes, respaldados por Irán, vienen perpetrando ataques contra
numerosas embarcaciones en respuesta a las actuaciones de Israel en la Franja de Gaza, en su guerra contra los terroristas de Hamás.

Los datos más fiables estiman que en torno al 15% del comercio mundial navega por la
aguas del Mar Rojo. Sin embargo, el secuestro de más de una docena de buques en la
zona ha obligado a varias empresas navieras a desviar sus itinerarios comerciales
hacia otros destinos como el Cabo de Buena Esperanza. La ruta, que bordea el
continente africano, es más tranquila, pero también más larga, por lo que los costes
del transporte aumentan considerablemente. Este incremento de los precios se
mantenía constante y barato, pero los datos del último índice realizado por la
consultora Drewry muestran que en las últimas semanas de 2023 y las primeras de
este año, se han disparado, pasando de un 9,2% a finales de diciembre a un 61%

La Unión Europea, incluido España, y Turquía son los principales perjudicados por
esta piratería que, al final, terminamos pagando y soportando los consumidores y
las empresas por dos vías, los precios con el consiguiente incremento de la
inflación, y el desabastecimiento de los bienes necesarios para producir y consumir.

De hecho las empresas españoles muestran han dado ya señales de alarma por los
retrasos en el suministro de material electrónico caucho y madera, entre otros;
mientras que la industria amenaza con parar las máquinas por el conflicto.

Pero de esto parece que el Gobierno, que todavía no ha dado explicación alguna
respecto a su defección de la coalición internacional, no se entera, no quiere
enterarse o no le importa y a Puigdemont, que es el auténtico presidente del
Gobierno de España aunque permita a Sánchez dormir en La Moncloa, menos
todavía.