El Ministerio de Trabajo cumplió su amenaza. Ante la falta de acuerdo con las patronales en las reuniones de la Mesa de Diálogo Social, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales CCOO y UGT han alcanzado un pacto para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 en un 5%. Esta
cifra supone un incremento de 54€ mensuales más en 14 pagas, un total de 756€ anuales.

Desde 2018, el SMI se incrementa, con la subida aprobada el 12 de enero , en un 54% lo que supone que las personas trabajadoras perciban 5.573€ más al año.

Las empleadas de hogar que trabajen por horas percibirán, al menos, 8,87€ por cada hora.

El nuevo SMI se aplicará con carácter retroactivo cuando culmine su
tramitación, que comenzará con la publicación en Audiencia e Información
Pública y, posteriormente, el Real Decreto será aprobado en Consejo de
Ministros.

USO: el SMI no es solo el importe

El SMI, tras una prórroga in extremis para cubrir los primeros días del año, subirá ahora a 1.134 euros mensuales, en 14 pagas, lo que supone un 5 %. Esto, para USO, es “aceptable y cercano a los términos porcentuales en los que nos movíamos, con una propuesta del 5,55 %, atendiendo a un IPC en el que los productos básicos subían muy por encima del índice general”, resume el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez.

Sin embargo, el dirigente de la Unión Sindical Obrera recuerda que “el SMI no es solo un importe, debe incluir mucha más regulación a su alrededor. Esperamos que, en la tramitación del decreto correspondiente, sean incluidas algunas de estas consideraciones”.

En este sentido, Pérez se refiere a dos puntos fundamentales: “por un lado, debe quedar expresamente prohibida la absorción de complementos en el salario base para que, al final, la suma sea la misma y la subida, en la práctica no exista. No regularlo nos ha dejado atados de pies y manos en los tribunales a la hora de denunciar estas prácticas que consideramos abusivas. Y, por otro, que no se han actualizado los precios de los contratos”.

El precio de los contratos, “lejos de parecer una demanda empresarial no atendida, debería haber sido igual de importante para la parte sindical del diálogo social. En muchos sectores, donde los contratos públicos son prácticamente de mano de obra con sueldos precisamente ligados al SMI, como vigilancia o limpieza, una subida del 5 % en masa salarial implica prácticamente una subida del 5 % del precio del contrato. Sin embargo, eso no se ha actualizado y, al final, se rompe por la parte más débil, la del trabajador, con impagos o despidos en los últimos meses y el Fogasa haciéndose cargo de esas mensualidades”, expone el secretario general de USO.

Joaquín Pérez espera que “se actúe tanto sobre la jornada laboral como sobre el incremento de las jornadas parciales. El 44 % de todos los contratos de 2023 fueron jornadas parciales. Rebajar la jornada completa supondría que el precio por hora subiría y beneficiaría a los salarios más bajos, al igual que lo hace el SMI. Deben ser medidas complementarias, ya que son precisamente los trabajos con los sueldos más bajos los más habituales en jornadas parciales. Una subida de 54 euros mensuales puede suponer, en realidad, solo 20 euros para muchos de estos beneficiados por la subida del SMI”.

CGT: es insuficiente

«Desde CGT damos la bienvenida a esta subida, pero la valoramos insuficiente y creemos necesario señalar sus limitaciones», ya que «llega en un escenario de 3 años de elevada inflación y beneficios récord para las empresas, y en un contexto más amplio de décadas de empeoramiento de las condiciones laborales y contención salarial».

Los márgenes de beneficio empresarial sobre ventas se han incrementado significativamente durante los últimos 3 años. En términos de distribución de
la renta también queda reflejado cómo la balanza se ha desnivelado en favor del capital
(beneficios) y en detrimento del trabajo (salarios).

Al mismo tiempo, los salarios reales, teniendo en cuenta la inflación, han experimentado en los últimos años una notable caída. Desde 2019, los salarios pactados por convenio sufren una pérdida de poder adquisitivo del 5,1%, y en 2023 se mantuvieron en términos reales por debajo de sus niveles de 2003, hace 20 años.

«Lo primero que hay que señalar, en este contexto, es que la subida del salario mínimo
afecta solo a una parte de un problema más general, que es la pérdida general de poder adquisitivo de los salarios. Y es que llama la atención que los sindicatos que celebran la subida del SMI son los mismos que firman convenios colectivos con subidas salariales muy por debajo del IPC, y en los que la precariedad laboral es la norma. Para CGT, lo que hace falta son medidas contundentes para que las empresas suban los salarios, por lo menos, al mismo nivel que la inflación, y así evitar que las personas trabajadoras vean disminuir su salario real. Pero no se trata sólo de los salarios: hay que enfrentar también las medidas de flexibilidad y empeoramiento de las condiciones que son generalizadas en tantas empresas», insisten en el sindicato.

Respecto al incremento del 5% del SMI, «nos parece una medida necesaria, pero
insuficiente, pues es necesario que suba más». El SMI afecta a más de dos millones de
personas, con mayor incidencia entre las mujeres (con un 25% cobrando el salario
mínimo o menos), que entre los hombres (con un 10,69% de ocupados cobrando entre 0 y 1 salario mínimo). . Además, el SMI está generalizado entre las personas jóvenes, que ven cómo el acceso al mercado laboral «es una trampa de precariedad». Este salario mínimo resulta en muchos casos insuficiente para cubrir incluso las necesidades vitales, especialmente con el brutal aumento del precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler.

«Y aunque es cierto que el salario mínimo creció marcadamente en 2019, este
aumento partía de niveles salariales extremadamente bajos. Desde entonces, si tenemos en cuenta la inflación, el salario mínimo real ha crecido apenas un 6,87%», argumentan.

«Pero desde CGT creemos que tampoco es suficiente con lograr una subida mayor del
salario mínimo. Las subidas de precios que constituyen la inflación son un arma del capital para devaluar los salarios y aumentar los beneficios. Así, mientras que las empresas pueden subir los precios de forma inmediata (siempre que la competencia se lo permita), las personas trabajadoras tenemos que pelear colectivamente cada aumento salarial. En el caso de las subidas salariales institucionalizadas, como es el caso del SMI, mientras que con la inflación el salario real se va devaluando a lo largo del tiempo, si se quiere mantener el poder de compra, cada año hay que negociar un nuevo aumento. Por ello, desde CGT consideramos necesario indexar la subida del SMI al IPC. Esta conquista permitiría afianzar el poder adquisitivo ganado, de modo que las próximas batallas por subidas de salarios fueran orientadas a mejorarlo, y no únicamente a mantenerlo», subrayan.