El Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender, por la tramitación de la proposición de ley de amnistía, el procedimiento que sigue contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 34 excargos de Cataluña por su presunta responsabilidad contable en el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern en el marco del ‘procés’.

La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, se ha pronunciado así después de que el 17 de noviembre de 2023 terminara el juicio con la incógnita de si estimaría o no la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC de suspender el procedimiento por la proposición de ley que presentó el PSOE en el Congreso.

ERC alegó que era “altamente probable” que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio podía “acarrear cargas procesales innecesarias”.

Según un comunicado del Tribunal de Cuentas, la consejera fundamenta la resolución denegatoria de suspender el procedimiento en que se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales.

Durante la vista del 17 de noviembre, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana mostraron su oposición a que se suspendiera el procedimiento. El representante del Ministerio Público aseguró que se tenía que oponer porque la suspensión no se podía “subordinar a un acontecimiento futuro”.  La consejera ha coincidido con la Fiscalía y ha visto pertinente desestimar el argumento de los de ERC y continuar con el procedimiento.

En esta causa, reclama 3,1 millones€ de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Entre los 35 nombres consta –además de Puigdemont– el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones (a los que se sumó más de un millón en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014;  exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

También están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, como el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.