Artur Mas se comprometió a enviar al Parlament un proyecto de ley de consultas poulares no refrandarias y el martes cumplió su promesa. Trata de evitar con una ley propia el impedimento de la Generalitat de hacer referéndums sin permiso previo del Gobierno central en temas sobre los que tenga competencia. Con ello abre la puerta a consultas como el derecho a decidir y la transición nacional, siendo la primera estación cuando se apruebe esta ley el pacto fiscal, en palabras del portavoz del Govern Francesc Homs. Argumentó el Govern que con este proyecto cumple tanto con lo dispuesto con el Estatut como con la doctrina emanada del Tribunal Constitucional y por ello el cuerpo electoral de la consulta tendrá como base el padrón y no el censo electoral.

En el proyecto de ley fija que la convocatoria corresponde al presidente de la Generalitat o bien por medio de la iniciativa popular mediante una petición de más de cincuenta mil personas.

Aunque el proyecto de ley establece que la consulta no tiene carácter vinculante, según el portavoz “no se le escapa a nadie que si se hace una consulta al pueblo de Cataluña la trascendencia de su resultado es enorme”, y además se establecerán mecanismos para que las instituciones se vinculen con el resultado.

Preguntado si con esta propuesta caben consultas como la autodeterminación, aceptó Homs que para ello sería preciso modificar la Constitución, pero la Generalitat tiene capacidad de iniciativa para proponerlo, pero añadió que “somos un Govern que no nos da miedo preguntar ala gente. Una consulta popular significa ir a la raíz de la normalidad democrática”.