José Emilio Boscá, Ángel de la Fuente, Valentín Pich, Amelia Pérez Zabaleta y Salvador Guillermo.

Con motivo del reciente acuerdo de los 27 países de la Unión Europea para la reforma de las reglas fiscales, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado la jornada ‘Presupuestos, deuda, déficit y consecuencias’, la primera de un ciclo de seis  “Encuentros FEDEA-CGE sobre cuestiones estructurales de la economía española”.

Valentín Pich, presidente del CGE, avisa que “la conveniente vuelta de las restricciones fiscales europeas va a obligar a la reducción del déficit público español a, por lo menos, el 3% del PIB. Por otra parte, la situación de la deuda pública, que se estima en el 108,1% del PIB al cierre de 2023, y las previsiones futuras de la economía española, agravadas por el envejecimiento de la población que amenaza con desequilibrar las cuentas futuras de la Seguridad Social aún más, entre otras cosas, nos incita a pensar que es necesaria una revisión de la situación de nuestro déficit estructural –entendido como el déficit eliminando los factores cíclicos de la economía–, el cual,  según estimaciones de la AIReF, de no aplicarse ninguna medida reguladora, alcanzará cifras próximas al 4% en 2025”.

Por su parte, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, insiste en que “necesitamos un plan ambicioso de consolidación fiscal para reducir el déficit público y el stock de deuda. Por el lado del ingreso, sería necesaria una reforma fiscal bien pensada que se centre en la ampliación de las bases tributarias, eliminando “agujeros” como los tipos reducidos del IVA y el sistema de módulos, y en la fiscalidad medioambiental, con especial atención a la que grava las emisiones de carbono. Por el lado del gasto, resulta fundamental revisar el sistema de pensiones con el fin de limitar el crecimiento de estas prestaciones, que amenaza con dejarnos con muy poco margen fiscal para afrontar otras prioridades”.

José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea, destaca que en “en la Zona Euro la deuda privada (hogares y empresas no financieras) ha permanecido muy estable (en torno al 80% del PIB) desde la crisis financiera. Sin embargo, la deuda pública ha crecido más de 20 puntos y ese crecimiento se ha concentrado, sobre todo, en tres de las cuatro grandes economías europeas, Italia, Francia y España, donde el crecimiento ha sido de 38, 47 y 76 puntos de PIB entre 2007 y 2022. Alemania, por su parte, mantiene niveles de deuda pública sólo 2 puntos por encima de los de 2007″.

«A la vista de esta evolución, y también del hecho de que los déficits públicos continúan en la actualidad por encima del 2% en muchos de los países de la Zona Euro y que el servicio de la deuda va a crecer en los próximos años, parece innegable que Europa necesita acometer un proceso de consolidación fiscal que le permita ganar espacio fiscal para futuras crisis y evitar posibles problemas de sostenibilidad. En economías como la española, esta consolidación fiscal debería llevarse a cabo con medidas sobre los ingresos y gastos públicos que no dañen el tejido productivo, a la par que se acometen reformas estructurales y de mejora de la eficiencia de las administraciones públicas que permitan incrementar el crecimiento potencial de la economía”, añade.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado para el 2024, Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de Foment del Treball Nacional y consejero del Consejo Superior de Estadística del INE en representación del CGE, subraya “su importancia desde el punto de vista político, al ser los primeros presupuestos de la legislatura, de ahí que la presión para su aprobación va a ser más elevada, por un lado; y por otro, hay que destacar las tensiones que se producen hacia la sostenibilidad a medio plazo de las finanzas públicas».

José Emilio Boscá, Ángel de la Fuente, Valentín Pich, Amelia Pérez Zabaleta y Salvador Guillermo.