El informe del BBVA no puede ser más concluyente y contundente. La reducción de la
jornada laboral que propone la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo -de 40 horas semanales a 38,5 este año y a 37,5 en 2025 manteniendo el salario- restaría en torno a 6 décimas el crecimiento medio anual del Producto Interior Bruto (PIB) durante el próximo bienio reduciría en 8 décimas el aumento del empleo al no ir acompañada de medidas compensatorias que alivien la subida de los costes laborales.

Dejando al lado que la jornada laboral real en España, según convenios, es de poco más de 34 horas, que los de la Contabilidad Nacional Trimestral que elabora el INE
muestran que la jornada media semanal realizada por las personas ocupadas es la menor los último cuatro años, y mucho menor que la que se realizaba en 2008, y el desprecio al diálogo social que suponen la decisiones unilaterales del Gobierno, incrementando la inseguridad jurídica, ocurrencias como ésta sólo sirven para incrementar el desmoronamiento y la precariedad de un mercado laboral que restando el número de personas ocupadas de los desempleados inscritos en el SEPE tiene casi cuatro millones de parados reales (3.962.047) con datos de diciembre. Cifra que supone 1.254.591 parados más que los que muestran las estadísticas del Ministerio, con un aumento de 30.522 personas respecto al año precedente.

Un mercado laboral en un país, España, que lidera el desempleo de la UE duplicando la tasa media de los Veintisiete y en el que, como muestra el último informe del Gabinete de Estudios de USO, el número de demandantes de empleo con relación laboral se ha incrementado en diciembre en 123.893 personas, alcanzado los 746.077. Incremento que se corresponde con el pase a la inactividad de fijos discontinuos.

De hecho, los demandantes de empleo “no parados” al finalizar diciembre de 2023
superaban los 1,7 millones por lo que como se preguntan los autores del informe, ¿qué
ocupación tienen?, ¿trabajos a tiempo parcial, mal remunerados, o simplemente son
inactivos percibiendo la prestación por desempleo?

A ello se suma que la contratación indefinida ha disminuido en 2023 con respecto a
2022 en un 5,8% y el conjunto de la contratación lo hace en un 15,7, mientras que la
duración media de los contratos no deja de disminuir quedándose en 46,3 días, un
13,31% menos que en 2021 donde fue de 57 días y un 36,1%, algo más de uno de cada tres contratos temporales, dura menos de una semana. Por lo que podemos concluir que en la España de hoy tener un contrato fijo no significa tener un empleo estable ni poder llegar a fin de mes.

Ésta es la realidad de nuestro mercado laboral y no la que pintan los mundos de Yoli,
que más allá del populismo cortoplacista no son capaces de entender que cualquier
reducción de la jornada laboral tiene que estar ligada necesariamente a la productividad, y la productividad en España está también hoy a la cola de los países desarrollados y 3 puntos por debajo de la media de la UE, consecuencia no de las horas de trabajo sino de la incapacidad del Gobierno para cambiar nuestro modelo productivo.

Sin ideas ni propuestas para crear puestos de trabajo estables y duraderos, los
responsables laborales del Ejecutivo, con la complicidad de los sindicatos mayoritarios,
se dedican a poner palos en las ruedas de las empresas que son quienes en democracia crean riqueza y puestos de trabajo y a actuar con despotismo y prepotencia como la que ha exhibido el Ministerio de Trabajo con la extorsión a la CEOE y las empresas para que aceptaran su propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Propuesta unilateral, y que se hace sin tener en cuenta la productividad ni las tensiones inflacionistas, mientras ellos se niegan a indexar esa misma subida a los contratos públicos.

Toda una demostración de intervencionismo y de intento de estatalización de la
economía en un país donde han cerrado 51.000 empresas desde que gobierna Pedro
Sánchez y que se intensifica con medidas como la prevalencia de los convenidos
autonómicos sobre los estatales o de empresa, regalo de Sánchez al PNV para seguir en La Moncloa, que en la práctica suponen un atentado contra la unidad de mercado y
rompen la igualdad de los trabajadores acentuando las diferencias salariales y derechos laborales entre las comunidades. Y esto ocurre con el gobierno que se autocalifica como el más social y progresista de la historia. Como dice el refranero, dime de qué presumes y te diré de qué careces.