Actualmente hay miles de ciudadanos encerrados en sus casas por no
contar con ascensores que les permitan salir de sus domicilios
Los cambios de palabras en la Constitución pero hay miles de
ciudadanos con discapacidad con sus derechos vulnerados a diario.

Este año, una de las cuestiones en la va a trabajar la Asociación
Española de Consumidores (Asescon) es lograr la accesibilidad universal, tanto de las
ciudades en sus espacios comunes como en todos sus edificios.

«En Asescon consideramos que las ciudades deben ser espacios en los que
todos los vecinos se sientan cómodos viviendo en su total integridad, con
calidad de vida y, para ello, lo primero que se debe trabajar es la accesibilidad
en sus viviendas. Queremos poner como ejemplo la ciudad de Barakaldo, donde se están trabajando mediante la participación ciudadana en la accesibilidad total de la ciudad», explican en la Asociación.

«Actualmente, en España, hay unas 100.000 personas que no pueden salir
nunca de sus casas por problemas de accesibilidad. Por ello, desde la
Asociación Española de Consumidores pedimos que aparte del cambio
aprobado ayer con la Constitución Española se legisle para conseguir una
igualdad plena de derechos, que es de lo que se trata y donde vemos que miles
de ciudadanos no tienen sus derechos garantizados ni reconocidos» insisten.

La legislación actual indica que todas las personas con discapacidad o que
sean mayores de 70 años pueden pedir que en el edificio se realicen obras que
mejoren la accesibilidad para poder entrar y salir de la vivienda. Así, la
comunidad de vecinos está obligada a realizar las obras que garanticen una
mayor accesibilidad cuando el coste total de la obra suponga para cada vecino
menos de 12 mensualidades de la cuota habitual por gastos comunes. Para
calcular esa cantidad, al coste total de la obra se le restan las subvenciones o
ayudas públicas que se puedan recibir para acometerlas.

Ahora bien, cuando las obras tengan un importe mayor de 12 mensualidades
de la cuota general para cada propietario, se someterá a votación. Si en la
votación la mayoría de los vecinos vota sí a las obras, todos los propietarios
estarán obligados a pagar su parte, aunque hayan votado en contra y aunque
no vayan a hacer uso de esos elementos.

«Y ahí es donde está el problema para esas personas que no pueden salir de
sus casas. Por ello, resulta necesario abordar un cambio normativo en la
legislación de propiedad horizontal para que se proceda a la accesibilidad en
todos los edificios sin que suponga esto un perjuicio para la persona con
discapacidad para los casos en los que los costes sean superiores a esas doce
mensualidades o simplemente en los casos en los que no se hagan las obras
necesarias por falta de sensibilidad», subrayan en Asescon.

Otro de los cambios legales que se tienen que contemplar es el establecimiento
de plazos para ejecutar las obras desde que se piden por la persona con
discapacidad, contemplando medidas coercitivas para las Comunidades que no
cumplan con la legislación vigente y la posibilidad de ejecución subsidiaria por
parte de los ayuntamientos al igual que sucede con obras de seguridad en
edificios.

El presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, dirigirá un escrito a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana para que el impulso normativo sobre la accesibilidad universal parta del Gobierno de España.