La publicación de informes confidenciales sobre la “operación Catalunya” ha revolucionado el panorama político. Lo que ya se sabía pero era difícil de probar ahora es posible y los presuntos afectados, empezando por el ex presidente del Gobierno, altos cargos de Interior, los servicios de inteligencia y no pocos jueces. Como la mejor defensa es un buen ataque unos y otros no han tardado en contraatacar, calificando como “cortina de humo” estas afirmaciones.

Fueron significativas las palabras del presidente de Murcia, Fernando López Miras, cuando señaló que “Rajoy puso toda la maquinaria del Estado en defensa de la unidad de España”, justificando de alguna manera la guerra sucia. Sólo el “defenestrable” presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, puso un poco de sentido común al señalar que “la unidad de España se defiende con ideas y con la ley, toda la ley pero sólo la ley”.

Claro que toda esta operación no se hubiera podido realizar sin la connivencia de determinados jueces patrióticos que compraban determinados atestados policiales sin demasiados problemas y no les temblaba el pulso al permitir “pinchazos telefónicos” con carácter preventivo. Además resulta significativo que en un país que ha sufrido el terrorismo de ETA, Grapo, los Gal, los yihadistas acusaran de terrorismo los detenidos por pequeños incidentes que se acostumbran a producir en cualquier manifestación de protesta.

Parece que en determinados centros de poder todo vale para salvaguardar la “unidad de España”. La sensación que se transmite a los no especialistas en el mundo judicial es que el PP, tras haber perdido las elecciones, se aferra en mantener sus esferas de poder. No es extraño que se nieguen en redondo en la renovación de los altos cargos del poder judicial en unos tiempos que cada magistrado tiene la etiqueta de conservador o progresista y esta etiqueta acostumbra a traducirse en sus actuaciones. Esta correlación de fuerzas cambiaría en caso de renovarse los cargos.

Los jueces tienen la piel muy sensible cuando se cuestiona su imparcialidad, cuando se habla de lawfare, cuando se cuestiona el control de los tiempos que hacen sobre determinadas causas, cuando se critica la manera con la que algunos jueces retuercen el contenido de las leyes y salen con contundentes notas en las que aseguran que se les quiere desprestigiar, pero claro esto lo dicen ellos.

Los socialistas públicamente muestran públicamente su respaldo a la independencia del poder judicial y a la separación de poderes, es una respuesta de manual, pero en voz baja son más que conscientes que si no queremos convertirnos en una monarquía o república bananera se ha de cortar por lo sano este tipo de actuaciones organizadas desde el poder y ejecutadas por las cloacas del estado con la presunta aquiescencia del mundo judicial.

Y hay que recordar que las denuncias del defenestrado comisario Villarejo se van cumpliendo, y también que este cualificado funcionario ha servido tanto a gobiernos socialistas como populares, a parte de cuidar muy mucho sus particulares intereses