La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) inicia, con un informe sobre la financiación autonómica, una serie de aportaciones sobre políticas públicas, ‘Food for Thought’. Su director, Ángel de la Fuente, explica, en un encuentro con la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), que se trata de la segunda partida más importante de las cuentas públicas, tras las pensiones.

Además, es clave para la equidad territorial y para el acceso igualitario de los ciudadanos a los servicios públicos. «Sin autonomía fiscal no hay autonomía real», argumenta.

El problema es que el sistema de financiación de las autonomías sufre de excesiva complejidad y de falta de transparencia: «el ciudadano no lo entiende y no puede valorarlo». Eso facilita «la demagogia victimista», advierte Ángel de la Fuente.

El director de Fedea considera «muy cuestionable» el reparto de los recursos,  con grandes diferencias por financiación/habitante: entre Cantabria y Valencia hay 25 puntos de distancia.  Avisa que las autonomías «gastan más de lo que ingresan, pensando que el Estado pondrá el resto», pero al mismo tiempo subraya que «solamente tiene capacidad normativa sobre el 60% de sus ingresos».

Propuestas para una reforma

Fedea propone una reforma de la financiación autonómica que aporta simplicidad y transparencia, que acabe con la opacidad del régimen foral, corrija desigualdades, respete el principio de recursos por habitante ajustado, con un único fondo de nivelación, más responsabilidad Fiscal.

Y defiende abordar la reforma del sistema de financiación «en varias fases». La primera es la creación de un fondo complementario de nivelación «financiado por entero» con recursos del Estado, de unos 3.000 millones€, a repartir entre Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha.

En una segunda fase puede abordarse una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta de forma que las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a la evolución real de la recaudación.

Y afrontar negociaciones, primero entre las formaciones políticas y luego con las comunidades autónomas, «para buscar un consenso lo más amplio posible sobre las reformas que el sistema necesita». «Para que la reforma sea factible y pacífica, sería necesario al menos un acuerdo entre los dos principales partidos nacionales. Sería deseable ampliar el consenso a otras fuerzas políticas y a las comunidades autónomas, pero no a cualquier precio», sentencia el informe.

Pero Fedea alerta del riesgo de una financiación autonómica «a la carta», negociado de forma bilateral con algunas comunidades, porque supondría «iniciar una deriva confederal» que «limitaría artificialmente la contribución de éstas a la redistribución regional y a la financiación de los gastos comunes del Estado».

«Esto no sería admisible», aunque se admite que esta situación ya existe con las comunidades forales (País Vasco y Navarra). «No se puede permitir que el problema se extienda a otras comunidades de mayor peso económico, porque privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial».