Con la reforma en el Senado del artículo 49 de la Constitución, culmina este 25 de enero –san Ananías, Agileo y Artemas en el santoral, amén de la conversión de Pablo de Tarso camino de Damasco– el borrado de los términos “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y se dignifica, al menos semánticamente, a las personas con alguna discapacidad. Con ello y con el primer proyecto de ley presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, tendente a conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres en las direcciones y consejos de las empresas, se puede decir que España también avanza hacia la dignidad.

Llama la atención el rechazo y voto en contra de la ultraderecha (Vox) al único acuerdo de sus aliados del PP con el resto de las fuerzas parlamentarias cual ha sido esa reforma verbal de la Carta Magna y el compromiso de los poderes públicos de impulsar políticas que garanticen la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad y de atender particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores. Quizá una razón oculta de esa actitud hay que buscarla en el peso superlativo del nazifascismo en las ideas de esa formación política. Y ya es sabido que
las cámaras de gas fueron implantadas por Hitler y sus secuaces para acabar liquidar a “los inútiles e inservibles, poseedores de vidas indignas de ser vividas”. Eso decían antes de extenderlas a los campos de exterminio.

La actividad parlamentaria extraordinaria de este enero vacacional para sus señorías ha permitido avanzar en la tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía que vendrá a exonerar de responsabilidad penal a los autores de presuntos delitos relacionados con la intentona de secesión de Catalunya. Abarcan desde el 1 de enero de 2013 al 13 de noviembre de 2023 y afectan unas mil cuatrocientas personas. El principal motivo de debate ha sido la exclusión de actos supuestamente terroristas. La negociación entre los socialistas y los seguidores de Puigdemont (JxC) han servido para que, en efecto, el terrorismo quede fuera de la amnistía. Por el contrario, los desordenes públicos y atentados contra las autoridades en los que no se haya producido una “vulneración grave de los derechos humanos” quedarán cubiertos por la medida de gracia.

El agudo rechinar de dientes de la oposición del PP, por no mencionar a los que piden la horca para el presidente Sánchez, se ha oído hasta en Bruselas. Sin importarles que la norma se atiene al Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos para no considerar terrorismo los actos en los que no haya habido torturas o muertes, los subordinados del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo se han lanzado a una carrera de descalificaciones de esa enmienda concreta por entender que es un traje a medida de Puigdemont, al que, como es sabido, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón trata de empitonar como presunto terrorista. Del expresident catalán y jefe de JxC se podrá decir que es un cobarde, no se peina y tiene mirada la mirada revirada de los tramposos, pero ¿terrorista?

A cuenta de la tramitación de la amnistía, Feijóo ha proferido una descalificación muy peligrosa de la tarea legislativa, pues al comparar lo que ocurre en el Congreso de los Diputados con lo que ocurría en el Parlament con mayoría de escaños (no de votos) independentistas ha puesto en tela de juicio a la propia institución, nada menos que el templo de la democracia. Y a cuenta de lo que vendrá después –el consiguiente recurso de inconstitucionalidad–, su subordinado Esteban González Pons ya ha anticipado que “el Constitucional es un cáncer para la democracia”. ¿Les superará Ayuso o, de momento, le basta con los bólidos de la F1? De momento, tras la aprobación del texto en la Comisión de Justicia, a la amnistía solo le fata el debate en el pleno y la tramitación en el Senado, donde el veto del PP, que tiene mayoría
absoluta está asegurado y obligará al Congreso a votar de nuevo para refrendar la norma.