En una conferencia del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, sobre el papel que desempeñarán las instituciones europeas tras la aprobación de la Ley de Amnistía, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, reitera su rechazo ante cualquier iniciativa que ponga en
peligro la separación de poderes que consagra el Estado de derecho.

“Esta institución siempre ha operado y operará de manera vigilante sobre la evolución de procesos legislativos que han ido, o que van, en contra de este entendimiento, con
total independencia de quién, o qué partido político las proponga”, ha asegurado.

Desde la más “absoluta neutralidad política”, y con el “orgullo de pertenecer a una
institución que, entre sus fines, tiene el mandato de defender el Estado de
Derecho”, el decano ha demandado a la clase política actuar con la responsabilidad
que exigen “nuestro sistema democrático, nuestra Constitución y los tratados de la
Unión que ha ratificado nuestro país a lo largo de su historia”.

Respecto al papel de las instituciones europeas, Ribón ha destacado la experiencia
de la UE a la hora de afrontar actuaciones que pueden llegar a ser un peligro para
el Estado de Derecho de los estados miembros y, por tanto, de la Unión en su
conjunto, afectando al ordenamiento jurídico de la UE. Así, ha ensalzado los
esfuerzos realizados por la Comisión para adoptar medidas preventivas y proactivas que refuercen el Estado de derecho en Europa, y que se han traducido, entre otras
acciones, en un informe anual en cuya elaboración participa el Colegio madrileño
desde el año pasado.

Además, el decano se ha referido a la amplia jurisprudencia acumulada por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) en sentencias como la de 24 de
junio de 2019, que declaró que la reducción arbitraria de la edad de jubilación de
los jueces es contraria al Derecho de la UE al violar los principios de inamovilidad
del juez y de independencia judicial. O en el histórico fallo del 16 febrero de 2022,
en el que se aprobó el mecanismo de condicionalidad que supedita el acceso a la
financiación de la Unión al respeto, por parte de los Estados miembros, de los
principios del Estado de Derecho.

Claves de la respuesta europea

Una jurisprudencia de la que el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del
Parlamento Europeo extrae tres claves fundamentales. En primer lugar, “se avanza
de forma decisiva hacia la protección europea del Estado de derecho al afirmar
que, conforme al derecho de la Unión debe garantizarse la independencia de los
tribunales frente a los poderes legislativo y ejecutivo”.

«Se establece que esta garantía implica que los jueces estén protegidos
frente a las intervenciones o presiones directas, pero también frente a formas de
influencia indirecta que pudieran orientar las decisiones de los magistrados, un
dique que por desgracia en España ya se ha roto”, añade.

Finalmente, “se consolida la cuestión prejudicial como herramienta admisible para
los jueces nacionales cuya independencia se encuentre amenazada por los poderes
ejecutivo o legislativo”.

Para Adrián Vázquez, éstas son las bases a tener en cuenta de cara al camino que
podrá recorrer la Ley de amnistía en Europa: en primer lugar, “porque los jueces y
tribunales que tendrán que aplicarla disponen de una vía clara para buscar amparo
ante el TUE en caso de que identifiquen que la norma socava el estado de derecho
y su independencia”. Y en segundo, “porque priva a los jueces y tribunales de
ejercer lo más básico de su independencia, la potestad de juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado”.

Y aunque el europarlamentario español prevé una avalancha de cuestiones
prejudiciales y confía en la respuesta europea –“ya hemos estado aquí y ya
sabemos cómo pararlo”-, también ha advertido de los efectos en ocasiones
irreversibles que determinadas iniciativas legislativas infligen en el marco de
derechos y libertades de una sociedad democrática. “La ley de amnistía es uno de
esos daños de gran magnitud, que se suma a otros como la reforma a la carta del
código penal. Es por tanto la responsabilidad de todos, en especial de los
operadores jurídicos, también de los profesionales de la abogacía, ser conscientes
de este riesgo, implicándose y comprometiéndose para evitar que se materialice. Todos podemos sumar para parar esto, y abril es la fecha límite”, ha concluido.

Por parte de la abogacía madrileña, el decano ha recordado los pasos dados por el
Colegio desde que la publicación del pacto de investidura en que se contemplaba la
elaboración de una Ley de amnistía, que iniciaron con una declaración institucional
de Junta de Gobierno criticando de forma taxativa el uso del término lawfare y la
creación de comisiones parlamentarias para fiscalizar la actuación jurisdiccional,
recabando la adhesión generalizada del sector legal.

Ya son tres las sesiones de alto nivel organizadas por el Colegio de Abogados de Madrid para analizar el encaje jurídico de la Ley de amnistía desde la perspectiva del derecho constitucional, administrativo o europeo.