Puertos del Estado devuelve 302 millones de euros a 25 autoridades portuarias

29/12/2011

Joan Carles Valero. Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento que preside Fernando González Laxe, ex presidente socialista de la Xunta de Galicia, ha abonado los 70 millones que restaban para saldar los 302 que tenía que devolver a 25 autoridades portuarias españolas en cumplimiento de una sentencia.

Esta cantidad, unida a los 231,6 millones de euros ya devueltos, cubren la totalidad de las reclamaciones con sentencia firme recibidas por el conjunto del sistema portuario de titularidad estatal antes de que finalice 2011, sumando un total de 302 millones de euros. Los cinco puertos de los 25 afectados que más dinero han recuperado son: Tarragona (81,4 millones), Valencia (37,7 millones), Barcelona (37), Cartagena (30,6) y A Coruña (19,1).

La razón de esta situación proviene de la anulación de las liquidaciones por tarifas portuarias viene avalada por las sentencias del Tribunal Constitucional que en 2009 declaró inconstitucionales diversos artículos de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1999 y 2000, estableciendo que las tarifas portuarias debían considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público.

Desde 1996, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia habían venido estimando los recursos interpuestos contra las liquidaciones practicadas por las autoridades portuarias en concepto de tarifas portuarias por falta de cobertura legal, así como las liquidaciones emitidas en sustitución de las primeras al amparo de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Según un comunicado de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento que preside ahora la ministra popular Ana Pastor, la Abogacía General del Estado había manifestado que resultaba contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional la práctica de la refacturación, y que las practicadas eran nulas de pleno derecho.

Por ello, la nueva Ley de Puertos, aprobada el pasado mes de agosto con el voto favorable de la mayoría del Congreso, ha incluido las correcciones necesarias para evitar que esta circunstancia se produzca en el futuro. Así, las cuantías básicas de las tasas portuarias vienen fijadas en la propia ley, con lo cual tienen cobertura legal suficiente de cara a los usuarios.

Igualmente, a partir de la nueva Ley de Puertos, las autoridades portuarias tendrán flexibilidad en la estructura tarifaria a fin de captar y fidelizar nuevos tráficos y clientes con el objetivo de garantizar la rentabilidad del 2,5% del sistema.

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