El consejero delegado de Herrero Brigantina, Juan Carlos González Herrero.

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que asuma la investigación de dos querellas de perjudicados por la presunta estafa en la comercialización de productos financieros del Grupo Herrero Brigantina, que inicialmente el juez había inadmitido.

En un auto del 9 de febrero, la Audiencia Nacional argumenta que los hechos denunciados tienen apariencia de delito de estafa, y que el número de posibles afectados (en las querellas inicialmente rechazadas son 82), así como el número de provincias con perjudicados por estos hechos (14) y la cuantía supuestamente defraudada (40 millones€, según una de las denuncias) aconsejan que la investigación se lleve en un solo procedimiento.

De esta forma, se permitirá la concentración de las defensas por personas con intereses y planteamientos comunes, y se evitarán duplicidades en las diligencias a practicar, así como el ejercicio del derecho de defensa de los investigados.

La Sala recuerda que la posible cuantía de la defraudación supera claramente el límite de los 7 millones que establece la jurisprudencia para atribuir la competencia de la investigación a la Audiencia Nacional.

A mediados de enero el juez Pedraz asumió la investigación a la empresa Herrero Brigantina por los presuntos delitos de estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y apropiación indebida en la comercialización de productos financieros.

La querella inicial, presentada por la Asociación Nacional en Defensa del Consumo Español de Servicios (Ances), se dirigió contra Herrero Brigantina Servicios Financieros y North Atlantic Insure Broker, y, posteriormente, fue ampliada al consejero delegado de Herrero Brigantina, Juan Carlos González Herrero, y a una decena de personas:

• Kelly Johana Galeano Orrego, vicepresidenta y directora general de Operaciones y Recursos Humanos de Herrero Brigantina y esposa de González Herrero;
• Óscar Torres Cascudo, consejero y letrado asesor;
• Samuel López López, vicepresidente segundo;
• Benjamín Suárez García, miembro del Consejo de Administración de la empresa NAIBC;
• Jorge Cantón Vázquez;
• Antonio Lamas Domonte;
• Olga López López;
• Mónica Diéguez
•  y Macarena Bueno.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a la que los afectados por la presunta estafa critican por su lentitud en atajar ésta, comprobó que las empresas de Herrero Brigantina no estaban autorizadas para operar como aseguradoras o mediadores de seguros, pese a lo cual comercializaban productos de algunas aseguradoras. Y retiró la licencia como corredurías de seguros a algunas filiales del grupo.

Según los afectados, al solicitar el rescate de la póliza, no pudieron recuperar el dinero invertido.

Aunque no está confirmado el número de perjudicados, algunos reclaman cantidades superiores a los 300.000€ y se calcula que puede haber más de 35.000 clientes, entre pymes, autónomos y particulares. Y no solo en España, ya que el grupo operaba también en Reino Unido, Estados Unidos y Hong Kong, según presume en su web.