El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España ha anunciado un paso crucial hacia la transición a una economía sostenible al poner en marcha el proyecto de orden que establece las bases reguladoras para las líneas de ayuda a la cadena de valor industrial de las energías renovables y el almacenamiento. Este anuncio llega acompañado de la apertura a información pública del proyecto de una primera convocatoria de subvenciones, que podría asignar más de 750 millones de euros, destinados a la fabricación de equipos esenciales para la transición a una economía de cero emisiones netas.

La primera convocatoria de ayudas, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se centrará en «incentivar» la producción de equipamiento y componentes esenciales de tecnologías clave, como paneles fotovoltaicos, baterías, turbinas eólicas, bombas de calor y electrolizadores.

Estas ayudas forman parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (Perte-Erha), que cuenta con un fondo de 1.000 millones de euros destinado a fortalecer la cadena de valor y apoyar la autonomía industrial estratégica, la seguridad energética y el proceso de descarbonización, alineándose con las políticas establecidas por la Unión Europea.

La vicepresidenta y ministra Teresa Ribera destacó la importancia de no limitarse a cambiar las «moléculas o los electrones», sino de centrarse en las industrias y servicios que impulsan estas transformaciones. En este sentido, el Ministerio busca dedicar más de 750 millones de euros para reindustrializar y modernizar el tejido productivo español.

Evaluación de las propuestas

Se considerarán varios criterios para seleccionar proyectos viables con mayores impactos positivos, priorizando la eficiencia en el uso de fondos públicos y proyectos que aborden las vulnerabilidades existentes en la cadena de valor.

Dada la naturaleza «innovadora» de estas ayudas, se ha abierto un proceso de información pública hasta el 15 de marzo, permitiendo que los agentes sectoriales y públicos interesados realicen contribuciones para mejorar el proyecto de resolución y las bases reguladoras, asegurando así la participación y aportes de diversas partes interesadas. Este paso demuestra el compromiso del gobierno español en avanzar hacia una economía más sostenible y resiliente, fomentando la innovación y fortaleciendo la posición del país en la transición hacia energías más limpias.