El Ministerio de Vivienda permite las consultas sobre el sistema nacional de precios de referencia del mercado de alquiler, que permitirá poner topes a las rentas en las comunidades autónomas que declaren áreas tensionadas. El índice y los controles no empezarán a aplicarse hasta el 13 de marzo, un día después de su publicación en el BOE.

Solo Cataluña ha iniciado los trámites que exige la Ley de Vivienda para poner límites máximos a los arrendamientos, aunque en la Generalitat no gusta el sistema. Vivienda responde que el coste de los alquileres que señala el nuevo sistema es inferior al precio de demanda de los anuncios de los portales inmobiliarios.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, insiste en que «el sistema es un método técnico, científico, que se nutre de mucha información y deriva de los acuerdos políticos que dieron lugar a la ley estatal”, y en que el índice se basa en unos dos millones de datos procedentes de la Agencia Tributaria (por eso su actualización será anual). También resalta que mejora el que el Gobierno ya publica desde 2020.

La Ley de Vivienda fija varios requisitos para poder poner topes a los alquileres:

• El primero es la declaración de áreas tensionadas de precios, un trámite que deben iniciar las comunidades autónomas, puesto que tienen transferidas las competencias en vivienda. De momento, solo Cataluña ha dado ese paso, que parece imposible en todas las que gobierna el PP, contrario a la norma. La Generalitat ha incluido en una única área tensionada a 140 municipios de todo el territorio.
• Esa declaración no es suficiente: es necesario que haya un índice de referencia, que es obligatorio para los grandes propietarios (más de 10 inmuebles). Los pequeños caseros, que son la mayoría, simplemente tendrían que congelar la renta del anterior contrato.

Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario idealista, explica que “el Ministerio está fallando en el diagnóstico: la única manera de darle la vuelta a la dramática situación del alquiler no es actuando en los precios sino en la oferta. La subida de precios solo refleja el verdadero problema del alquiler, que no es otro que la falta de pisos. Dedicar tiempo y dinero a un índice que limite los precios es echar más gasolina al fuego y una falta de responsabilidad y sensibilidad con la desesperación de miles de familias que no encuentran casa en alquiler. Este tipo de medidas es no querer entender el problema y hacerlo aún mayor, reduciendo aún más el mercado. Nadie podrá decir que no se avisó: la destrucción de la oferta disponible tensiona los precios al alza y hace imposible el acceso a los colectivos más vulnerables. Seguir creyendo que hay que actuar en los precios de manera coercitiva no es el camino. No hacen falta años para comprobarlo y es sorprendente la insistencia en continuar con una política fallida».

«El índice de precios es un paso más que confirma la crónica de la muerte anunciada del mercado del alquiler. Es un ejercicio de reincidencia en políticas ya fracasadas en países de nuestro entorno donde destruyeron el mercado. A falta de conocer los detalles técnicos del índice y de su grado de representatividad real y aplicación local, el mero hecho de ponerlo en marcha demuestra que la llegada de la nueva ministra no ha supuesto un cambio de actitud y sigue ahondando en los mismos errores que han llevado a la situación actual”, añade.