Los ministros de Industria, Jordi Hereu, y de Transportes, Óscar Puente, han dejado claro el Estado quiere mantener el control estratégico del fabricante español y para lograrlo harán todo lo posible legalmente para que la opa del consorcio húngaro no prospere.

Pero estas advertencias y anuncios de veto no han parado el interés del presidente de Magyar Vagon, el empresario András Tombor, que continúa negociando con los bancos financiadores de la deuda de la compañía ferroviaria. Además de que ya ha cerrado los últimos flecos para conseguir la luz verde de los entidades financieras que tenían préstamos activos con el fabricante, con opción de aplicar el control del cambio de titularidad.

El apoyo del gobierno húngaro a su empresa y la oposición frontal del Gobierno español a que la empresa húngara se haga con el control del fabricante español ferroviario podría dar lugar a problemas diplomáticos entre ambos países, y encender la mecha entre la UE y Hungría dada su manifiesta oposición a enviar más ayuda a Ucrania.

Magyar Vagon cuenta en su propio capital con la presencia del Estado húngaro, ya que participa en el 45% de su capital a través del fondo público Corvinus, dependiente directamente del Ministerio de Economía. Dicho fondo fue creado por el Gobierno de Orbán para promover el crecimiento internacional de sus empresas.

Una operación sonada por el fondo Corvinus fue la realizada el año pasado, al apoyar al operador local 4iG para comprar Vodafone por 1.700 millones de euros. Pero no ha quedado ahí. También este fondo ha tomado el control del aeropuerto de Budapest, que hasta el momento de la incursión pública era una instalación privada valorada en 4.000 millones. El Gobierno húngaro llegó a un aucerdo con la francesa Vinci para comprar el aeropuerto a AviAlliance y la canadiense PSP.

Desde el Ministerio de Transportes, Óscar Puente está dispuesto a que la OPA fracase. Las relaciones entre Pedro Sánchez y Viktor Orbán nunca han sido buenas, dada la vinculación de los inversores húngaros con Rusia. Y esta podría ser la base de la defensa española ante Europa para parar la compra.

Pero las malas relaciones diplomáticas no son justificación suficiente para poder parar la OPA en el mercado, ya que Hungría es miembro de pleno de derecho de la UE. La vía por la que el Gobierno español podría poner algún obstáculo sería declarar a Talgo, la empresa fundada por la familia Oriol, como una empresa estratégica. Desde el Ministerio de Industria están preparando una batería de argumentos. La primera, que Talgo ha construido el 35% de los trenes (desde Cercanías a AVE) que circulan por las vías de todo el mundo, aunque su peso en el transporte ferroviario mundial es muy pequeño si se compara con compañías como CAF, Alstom, Siemens, Hitachi y Skoda.

El intento de CAF por entrar en Talgo no prosperó hace más de un año, y no han aparecido otras opciones de entrada en el capital de la ferroviaria española desde que el fondo Trilantic entró en 2006. En 2023 el fabricante español facturó 221 millones en su negocio nacional y 430 millones en el negocio internacional, consolidando su presencia en la Unión Europea.

Su expansión internacional ha llevado al grupo a situar su cartera de pedidos en máximos históricos con más de 4.200 millones de euros en contratos que dan visibilidad de actividad industrial hasta 2030, algo que en el sector se considera como un activo estratégico que debe tener en cuenta el Gobierno.