La cúpula judicial está poniendo toda la carta en el asador para combatir la aún non nata ley de la amnistía pero sería ingenuo no ver que esta sólo es una batalla de una guerra mucho más profunda que afecta a su pretensión de sentirse por encima del buen y del mal y que también afecta, y no poco, en el buen funcionamiento de la división de poderes de los organismos del Estado.

Mientras el pode ejecutivo y el legislativo está controlado el primero por las Cortes y éstas por los votos de los ciudadanos, el poder judicial no tiene más control que el suyo propio y es este estatus que defienden con uñas y dientes y con una actuación corporativismo y unos privilegios que impide cualquier control democrático de su actuación.

La cúpula judicial hace buena la célebre frase del conde de Romanones “hagan ustedes las leyes y déjeme a mi los reglamentos” como se constata en la sesgada interpretación que hacen de las leyes que evidentemente están muy lejos de la voluntad con la que las aprobó el legislativo. Y se sienten profundamente dolidos cuando se les critica. Incluso el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial Vicente Guiralte se atrevió a calificar la intervención de varios diputados de “inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial” y reclamando a los diputados que “nos dejen en paz y que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del poder judicial”.

Esto es exactamente lo que había hecho los diputados de Sumar, Podemos y Junts en sede parlamentaria recogiendo el sentir de muchos sectores de la población y de no pocos juristas, nacionales e internacionales que han cuestionado las actuaciones de determinados jueces españoles (recuérdese las críticas que recibió el tribunal que juzgó a los políticos catalanes por los hechos del referéndum, empezando por organismos de la propia ONU).

Pero la guerra de los jueces es más profunda y no admiten que se dude de su imparcialidad (han tardado más de cuatro años en ver un posible delito de terrorismo en la actuación de Carles Puigdemont y aún no han descubierto quien es M. Rajoy) u ordenar al Senado o al Parlament de Catalunya que no debaten determinados temas con la consiguiente denuncia de desobediencia, o en dar credibilidad a los manifiestamente mejorables atestados policiales o aprobar pinchazos telefónicos en intervenciones prospectivas o ver delito de alta traición a una reunión con un pintoresco ciudadano ruso o tener más de dos años en prisión a Sandro Rosell sin que la juez apenas practicara ninguna diligencia…

Y el no resignarse a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (algunos han dimitido) claro que si lo hicieran las mayorías serían diferentes y, puestos a pensar mal, se podría interpretar que la frase de “controlaremos la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás” que se le escapó al senador del PP Ignacio Cosido en la última renovación del Consejo General del Poder Judicial añadiendo que los pactos con los socialistas para lograr aquella renovación añadiendo que para los populares “había sido una jugada estupenda” no tuviera algo de razón. Quizás esta sea la verdadera causa para que el PP obstaculice ahora la renovación del citado organismo.

“Que nos dejen en paz”, que no se metan con nuestra forma de actuar, nuestros privilegios, nuestra endogamia y mucho menos que cuestionen nuestras sentencias y actuaciones. Esta es su verdadera guerra y lo demás son batallas. Y si de propina extienden su influencia invadiendo las competencias de los otros poderes del Estado, mejor.