Pedro Sánchez y María Jesús Montero
Foto: PSOE
España no tendrá Presupuestos Generales del Estado nuevos en 2024, prorrogará las partidas presupuestarias de 2023, pese a llevar desde después de las elecciones generales del 23J elaborándolos y negociándolos. El adelanto electoral en Cataluña ha precipitado esta decisión, cuya negociación con sus socios de investidura seguía sin cerrarse y con ERC y Junts jugando a presionar para sacar mayor rédito político.
La decisión del Gobierno ha sentado mal a los responsables de Sumar, que ya han dicho que esta decisión se ha tomado de forma unilateral sin consultar a sus propios socios de Gobierno, mientras que desde el BNG confían en que Sánchez cumpla sus compromisos de investidura con la formación gallega para condonar parte de la deuda con el Estado, la puesta en marcha de cercanías en la comunidad de Galicia o bonificaciones en la AP-9 y la AP-53, estudios para modernizar la línea ferroviaria o la creación de 3 juzgados de violencia machista en Galiza.
Si la presión, sobre todo de Junts, era arrancar la mayor cantidad posible de dinero para Cataluña, la refriega electoral que se avecina para ver quién gobernará en Cataluña en unos años que se esperan trascendentes para la comunidad, una vez amnistiados todos los implicados en el 1-O, lo hace prácticamente imposible. Todos los partidos estarán más preocupados en la campaña electoral que en cerrar las cuentas públicas de este año.
Todo estaba previsto para que la semana próxima comenzara el trámite parlamentario, aunque faltaban algunos flecos por cerrar. Sin embargo, el anuncio de Pere Aragonès de adelantar las elecciones en Cataluña, ha roto todas las agendas de María Jesús Montero para iniciar las nuevas anotaciones en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
La incertidumbre que genera la batalla electoral por el gobierno de la Generalitat no aseguraba que los PGE de 2024 pudieran salir adelante. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue contando con agotar la legislatura. En sus previsiones no descartaba que los PGE de este año fracasaran, pero no es un obstáculo insalvable para seguir gobernando porque otros presidentes han gobernado prorrogando las cuentas públicas de años anteriores.
A María Jesús Montero, después de todo el intenso trabajo realizado durante los más de siete meses que llevaba preparándolos, no lo queda otra opción que pensar que tendrá muy avanzado el trabajo para los Presupuestos de 2025, cuando las elecciones vascas, catalanas y europeas no sirvan de intercambio de cromos para sacarlos adelante.
«Sin duda, la convocatoria electoral en Cataluña altera de forma clara el tablero político», reconoció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda tras conocer la decisión de Aragonès, a la que definió como «la vertiginosa realidad que todos los días nos convoca». Por este motivo, y ante la renuncia de tener los PGE renovados para este año, reconoció que «lo más realista y sensato» será «aprovechar los trabajos y preacuerdos con algunas formaciones políticas en la elaboración de los Presupuestos de 2025».
De esta forma, el Estado contará con unos presupuestos prorrogados desde el 1 de enero ya que todos los plazos se habían sobrepasado por las elecciones generales del pasado 23 de julio y el retraso en la formación de un gobierno, con el intento fallido del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la prolongación de las negociaciones de Pedro Sánchez para alcanzar su acuerdo de investidura, que no llegó hasta noviembre. Y el anteproyecto de PGE, según marca la ley, se tenía que haber presentado en septiembre. Montero esperaba presentarlo la próxima semana, seis meses después.
Pero en estos seis meses transcurridos la prioridad ha sido siempre la negociación de la ley de la amnistía que, por fin, este jueves saldrá adelante en el Congreso para ser enviada al Senado. En segundo lugar figuraba la negociación de los Presupuestos, que también formaban parte de las peticiones de ERC y Junts en los acuerdos de investidura, entre los que figura la condonación de la deuda de Cataluña con el Estado, la competencia de las cercanías o el pago de lo que los independentistas consideran «deuda del Estado con Cataluña», asegurando que la comunidad ha aportado más vía impuestos que lo que ha recibido.
La consecuencia de prorrogar los PGE de 2023 para este año supondrá variar la agenda del Gobierno y sus políticas económicas y sociales, así como la ejecución de los fondos europeos o cumplir las nuevas reglas fiscales aprobadas por la Comisión Europea.
En la visita que acaba de hacer el comisario de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, el presidente del Gobierno se ha comprometido a cumplir con las reglas fiscales europeas, además de elaborar un «plan fiscal estructural a medio plazo» con el que ajustar los gastos e ingresos de la economía española a los nuevos límites de déficit y deuda exigidos en la UE.
Este mismo año, España deberá pasar su déficit público del 3,9% del PIB al 3%. Sin unos Presupuestos nuevos, estos deberes serán casi imposibles de cumplir, ya que las cuentas públicas del año pasado estaban elaboradas para hacer frente a una crisis económica y una inflación disparada. Bruselas le da hasta septiembre para presentar el plan de ajuste con el que España logrará reducir el déficit y recortar su deuda pública, próxima al 107% del PIB. Recientemente, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) calculó que se necesitará un ajuste de 37.000 millones. El Gobierno deberá adoptar medidas tanto en ahorros como en ingresos.
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