Tras la reforma del sistema de Formación Profesional, uno de los pasos más importantes es el de acabar con las fronteras que se habían trazado entre la FP reglada, dependiente del Ministerio de Educación, y la FP para el Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo.

Se trata de hacerlo, además, reforzando el diálogo entre empresarios y trabajadores para poder conocer y dirigir el trabajo de la Formación Profesional hacia las necesidades reales. Algo que debería proceder de una negociación colectiva mucho más rica, que no se limite a reproducir contenidos salariales y que aborde otros elementos como la formación de los trabajadores en la empresa.

Las Comisiones Paritarias Sectoriales, formadas por empresarios y representantes sindicales, deberían contribuir de forma eficiente a detectar las necesidades y orientar la formación hacia la cobertura de las mismas. La formación en las empresas y la formación programada desde las administraciones deberían de beber de estas fuentes de contacto con la realidad. Esta debía ser la base de la formación tanto para las personas ocupadas, como para las desempleadas.

Para que esta formación surta efecto y dé frutos es necesario que la cuota de formación que pagamos empresarios y trabajadores tenga un carácter finalista y que en su asignación desde las administraciones se tome en cuenta la participación de quienes van a ser usuarios y beneficiarios de esa formación, las empresas y los trabajadores.

Hay que recordar que somos trabajadores y empresarios los que financiamos el sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE) a través de la mencionada cuota del 0´7%, que ingresamos mensualmente en la Seguridad Social. También existen aportaciones cofinanciadas de la Unión Europea y de la Administración española. A estas cantidades habría que sumar las aportaciones del Estado a través de cuantías aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Con estos recursos se paga la formación denominada de oferta, que sería la programada desde las administraciones para financiar la obtención de certificados de profesionalidad, así como la formación derivada del Catálogo Nacional de Cualificaciones y la de la formación programada por las empresas que realizan las propias empresas, bonificándose la cuota que han ido pagando.

Este sistema, que encomendaba su gestión a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), antes conocida como FORCEM, y coloquialmente como la Tripartita, ha sido objeto de numerosas críticas y ha tenido que lidiar con todos los procesos de corrupción en materia de cursos de formación en administraciones, organizaciones y empresas de formación.

De ahí nació la necesidad de revisar en profundidad el modelo de Formación para el Empleo. Tras los esfuerzos realizados en el periodo posterior a la crisis de 2008, se consiguieron poner en marcha algunas reformas del sistema de formación por acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno.

Cuando el gobierno de coalición llega al poder se inician los trabajos para intentar conocer la situación y los problemas del sistema. De una parte comprobaron la incapacidad de poner en marcha un sistema de formación dual que combine formación en el trabajo y en centros formativos. De otra, un sistema de cualificaciones demasiado rígido, cuando el mercado laboral y los puestos de trabajo son cada vez más flexibles.

Pero lo esencial es que nuestra formación reglada, a la que acceden los estudiantes de FP se desarrolla desconectada y al margen de la Formación para el Empleo. Dos sistemas desconectados que, además, viven al margen de las necesidades de las empresas. Dos subsistemas de formación que no cuentan con estrategias pactadas y compartidas por parte de las comunidades autónomas y el gobierno central.

De ahí nace, finalmente, la Ley de ordenación e integración de la Formación Profesional, aprobada en 2022, saludada de forma generalizada por empresarios, sindicatos y gobierno, con el objetivo de dotarse de objetivos compartidos entre todas las administraciones que permitan que la formación mejore la cualificación y las posibilidades de empleo de las personas. Objetivos que tienen que ver con la mejora de las empresas y su capacidad de adaptarse a los cambios radicales que vivimos.

Por fin, la ley habla de un sistema único que integre la formación laboral con la formación reglada que proporciona el sistema educativo. Un nuevo sistema que funcione desde la acreditación de competencias derivadas de la experiencia profesional hasta aquellas que se obtienen cursando ciclos formativos básicos, medios, o superiores.

Una de las claves, así lo reconoce la ley, es implicar a todo tipo de instituciones, desde universidades, a colegios profesionales, empresarios y sindicatos, en el compromiso de formar permanentemente a quienes van a ejercer estas tareas formativas.

Las leyes establecen un marco normativo que regula una actividad, pero las leyes requieren nuevos y buenos desarrollos, además de un trabajo constante de búsqueda de consensos y acuerdos. La mejor de las leyes puede acabar en malos desarrollos, pero tras el trabajo realizado para alumbrar un nuevo sistema de Formación Profesional ese es un lujo que no deberíamos permitirnos.