La Unión Europea ya tiene la ley para proteger al mercado energético de la manipulación a fin de reducir la volatilidad de las facturas y la incertidumbre de los consumidores causada.

El Consejo de Europa ha aprobado la nueva ley que viene a actualizar el reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía con el fin de reforzar la transparencia y la supervisión del mercado.

La nueva ley, que contaba con el visto bueno previo de la Eurocámara, incorpora nuevas medidas para proteger mejor el mercado mayorista de energía de la UE. Su principal novedad es el escudo que genera para las facturas de energía de los hogares y de las empresas de posibles fluctuaciones de precios en el mercado a corto plazo.

Para lograr ese escudo se introduce una mayor alineación con las normas comunitarias sobre la transparencia de los mercados financieros, e incorpora nuevas prácticas como el comercio algorítmico. También fortalece las disposiciones sobre presentación de informes y monitoreo para proteger a los consumidores de los abusos del mercado.

Requisitos más estrictos a terceros países

La ley crea requisitos más claros y estrictos para los participantes del mercado europeo que residen en un tercer país. A partir de ahora, deberán designar un representante en un Estado miembro en el que los participantes operen en el mercado mayorista de energía. Dicho representante deberá ser designado mediante mandato escrito y autorizado para actuar en nombre del participante del mercado.

En paralelo, la nuevo norma refuerza la dimensión de la UE y el papel supervisor de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, que será la encargada de adoptar decisiones sobre inspecciones, solicitudes de información y autorizaciones de Plataformas de Información Privilegiada (PII) y Mecanismos de Información Registrados (MRR).

Lo que la UE pretende es que si la ACER no recibe la información necesaria durante las investigaciones sobre casos transfronterizos, podrá imponer multas coercitivas para garantizar el cumplimiento de las decisiones de inspección y las solicitudes de información. Y serán los propios Estados de la UE los que tienen la facultad de imponer multas por infracciones, incumplimientos de las prohibiciones u obligaciones sustantivas incluidas en el reglamento quedará en manos de los Estados miembro.