El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha propuesto una agenda social «ambiciosa» de cara a las Elecciones al Parlamento Europeo, programadas para el próximo mes de junio en todos los países miembros de la Unión Europea.

En un documento de propuestas de compromisos electorales en clave europea, el Cermi insta a los partidos políticos nacionales que presentan candidaturas a estos comicios a adoptar y promover sus reivindicaciones, integrándolas en sus programas.

Principales demandas del movimiento social

Se pide una regulación por parte de la UE de una directiva sobre renta básica de inclusión. Esta normativa tendría como objetivo obligar a todos los estados miembros a establecer un ingreso mínimo vital nacional, adecuado y suficiente, con el fin de prevenir la pobreza y la exclusión social de los grupos de población en riesgo de fragilidad o vulnerabilidad económicas.

Asimismo, el Cermi aboga por la finalización de la regulación europea de una normativa básica sobre salario mínimo, que sería aplicable en todos los estados miembros. Esta medida busca garantizar unos ingresos suficientes para mantener unas condiciones de vida dignas y promover la inclusión en la comunidad tanto de los trabajadores como de sus familias.

Otra propuesta destacada es la implementación, por parte de la UE, de un plan de choque contra la pobreza energética en Europa. Este plan incluiría medidas uniformes y obligatorias de aplicación por parte de todos los países miembros, con el objetivo de abordar eficazmente este problema que afecta a numerosos ciudadanos europeos.

Derechos de las personas con discapacidad

El Cermi demanda la aprobación por parte de la UE de una directiva transversal de no discriminación en todas las esferas de la vida personal y social. Esta medida busca garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales para todas las personas, independientemente de su situación de discapacidad.

En resumen, estas propuestas del Cermi reflejan una llamada a los partidos políticos europeos para que prioricen las necesidades y derechos de las personas con discapacidad en sus agendas políticas, promoviendo políticas inclusivas y medidas concretas para combatir la discriminación y la exclusión social en la Unión Europea.