No puede ser lo que piden Junts y ERC al Gobierno sobre la financiacion de Cataluña. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que la propuesta de financiación singular para Cataluña –que implicaría la cesión del 100% de impuestos– supondría la «ruptura» de la Agencia Tributaria, el aumento del fraude fiscal y el deterioro de los servicios al ciudadano. Sería similar al denominado cupo vasco, que se incluyó en la Constitución cuando se elaboró la Carta Magna. Pero Cataluña no consideró entonces esta cuestión.

«Esta independencia fiscal para Cataluña es inconstitucional», ha advertido la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, durante una rueda de prensa este lunes para advertir sobre las consecuencias de la pretendida soberanía tributaria en esta comunidad.

Tras el paso adelante dado por la futura ley de amnistía, que ahora se encuentra en el Senado, el Govern catalán planteó una propuesta de financiación singular para Cataluña que incluye que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma, con un mecanismo de solidaridad interterritorial.

Pero los inspectores están convencidos de que la independencia fiscal de Cataluña supondría la desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio, con la consecuencia de su fraccionamiento y el inicio de un camino de transformación «irreversible» que tendría graves consecuencias en la aplicación de los tributos y en la lucha contra el fraude fiscal.

La naturaleza de algunos tributos no permiten su gestión autonómica

En concreto, los inspectores de Hacienda han explicado que esta pretendida independencia fiscal no está contemplada ni en la Constitución ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en el la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Por ello, esta propuesta conculca los principios de igualdad de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad.

El plan planteado por el Govern catalán supone tener plena capacidad normativa en los impuestos y procedimientos tributarios, traspasar la gestión y recaudación de los tributos generados en Cataluña y disponer de la totalidad de recursos impositivos.

Los inspectores han explicado que existen tributos, como el caso del IVA, en los que su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada del mismo. «Es más, las tendencias internacionales en este impuesto abogan cada vez más por una gestión en un solo país miembro y el reparto de recaudación entre los Estados», remarca la asociación.

La deslocalización de las empresas, otro problema

Otros tributos se consideran «muy difícilmente consorciables», como los que recaen sobre el comercio exterior, el impuesto sobre la renta de no residentes y el Impuesto sobre Sociedades. Los dos primeros por estar íntimamente relacionados con la actividad exterior del Estado y regulados por normas no estatales, mientras que en el caso del Impuesto de Sociedades, las diferencias de gestión pueden implicar fácilmente deslocalizaciones.

Así, los inspectores han insistido en que cualquier diferencia en la gestión de impuestos como Sociedades, IVA o el Impuestos Especial de fabricación, incluidas las actuaciones de la Inspección, supondría un obstáculo para la libre circulación de mercancías y un «aliciente para que se produjeran situaciones de deslocalización de empresas».

Los problemas serían para los contribuyentes

Según los inspectores, la cesión de la inspección de los tributos soportados en Cataluña plantearía muchos problemas, especialmente en los contribuyentes con un tamaño mediano o grande, en la medida en que realizan operaciones en todo el territorio español, o incluso internacionalmente.

El problema se agrava cuanto el control se refiere a las empresas multinacionales, ya que la explotación de la información y las actuaciones de control debe ser ejercida con carácter nacional. Actualmente, existen en España 124 multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales, que tienen 14.700 filiales, de las que 9.800 son extranjeras.

Por otra parte, en el supuesto de cesión de los tributos a Cataluña, se verían perjudicadas actuaciones relevantes que efectúa el Departamento de Recaudación, como son las relativas a las acciones judiciales, que afectan a todo el territorio nacional.

La consecuencia de todo esto es que resultaría muy difícil seguir la senda de «los brillantes resultados obtenidos por la Agencia Tributaria» en los últimos años, que solamente en las actuaciones de control de los tributos internos han ascendido a más de 15.000 millones de euros anuales.

El Estado perdería 3.000 millones en la lucha contra el fraude

El Estado perdería la recaudación del importe correspondiente a las actuaciones de control efectuadas en Cataluña, que los inspectores cifran en unos 3.000 millones –el 20% del total nacional–.

Y es que también se vería afectada la plantilla de trabajadores de la Agencia Tributaria, que asciende a unas 25.909 personas, de las que prestan sus servicios en Cataluña alrededor de 5.000.

Teniendo en cuenta que en los próximos cinco años se jubila una cuarta parte de la plantilla de la Agencia –otros 5.000 o 6.000 funcionarios–, la Agencia Tributaria «realmente se vería en muchas dificultades para lograr los objetivos y la eficacia que está consiguiendo actualmente», ha señalado el vocal de la Asociación de Inspectores, José María Peláez.

«Nuestros compañeros que están en Cataluña nos han trasladado su preocupación y su nerviosismo, porque no saben nada. No saben nada de qué pasaría con ellos, con sus vidas», han trasladado desde la Asociación de inspectores.