El nuevo modelo de financiación autonómica, que se aplica desde el 1 de enero de 2009, no ha logrado su principal objetivo: un reparto justo e igualitario (equidad horizontal) de los recursos entre las comunidades autónomas españolas. Según los resultados de la aplicación del nuevo sistema durante el año 2009 (datos conocidos en 2011), se han reducido los desequilibrios de recursos per cápita entre comunidades autónomas, pero algunas, como la Valenciana y Murcia, continúan castigadas por sistema y otras, como Cantabria o La Rioja, resultan beneficiadas.

Cataluña, Madrid y las Islas Baleares, que resultaban muy castigadas por el sistema anterior, durante 2009 se situaron en la media (Baleares) o por encima de la media en recursos por habitante (Cataluña y Madrid). Sin embargo, se ven perjudicadas por el proceso de nivelación. Cataluña, por ejemplo, pasa de ser la tercera comunidad en capacidad fiscal a ser la octava en recursos por habitante. Así se desprende de los datos del Ministerio de Economía analizados por la catedrática de Hacienda Pública, Núria Bosch, en un informe del Instituto de Economía de Barcelona (Centro de investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona)

Reducción del desequilibrio fiscal

Según el estudio, con el nuevo sistema sigue sin producirse correspondencia entre el ranking de comunidades ordenadas según su capacidad fiscal per cápita y el ranking de comunidades ordenadas según sus recursos per cápita. El desequilibrio fiscal ha disminuido (pasando de 14,8 en 2008 a 8,05 en 2009) pero no ha desaparecido. Hay que recordar que uno de los principales problemas que presentaba el sistema de financiación de 2001 era precisamente la ausencia de un criterio de nivelación fiscal explícito, lo que provocaba resultados arbitrarios y sobrenivelación (los territorios con más capacidad fiscal acababan obteniendo menos recursos por habitante que los territorios con la capacidad fiscal más baja).

Con el sistema de 2009 este problema no se ha corregido. Aunque las más afectadas por sobrenivelación (Madrid, Islas Baleares y Cataluña) se sitúan ahora en la media (Baleares) o sobre la media (Madrid y Cataluña), siguen produciéndose arbitrariedades. Por ejemplo, Cantabria y La Rioja, con capacidades fiscales por encima de la media, después de la nivelación aún ganan posiciones. En cambio, Murcia y la Comunidad Valenciana continúan castigadas por el sistema. Madrid y Cataluña figuran en primera y tercera posición, respectivamente, en capacidad fiscal, pero bajan a la octava posición en recursos por habitante.Cataluña, la que más recursos recibió

Si se analizan los recursos que el nuevo modelo supuso el año 2009 para las comunidades (91.911 millones de euros), la que recibió más recursos fue Cataluña (17.201 millones), seguida de Andalucía (15.992) y Madrid (13.748). Pero si se restan los costes de las competencias específicas de cada comunidad y se analizan los ingresos por habitante, la más beneficiada es Cantabria con € 2.376 por habitante, un 18% más que la media (2.012 euros). Le siguen La Rioja (2.201 euros por habitante), Madrid (2.185), Extremadura (2.119), Asturias, Aragón, Castilla-León, Cataluña (2.084) y Galicia (2034). El resto de comunidades se sitúan por debajo de la media: Baleares (1999 euros por habitante); Murcia (1.937), Castilla La Mancha (1.935); Comunidad Valenciana (1.903), Andalucía (1.888) y Canarias (1.697).

En el mismo informe del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), la decana profesora de la Facultad de Economía y Empresa de la UB, Elisenda Paluzie, concluye que el nuevo modelo ha mejorado, en parte, la financiación del gobierno catalán, pero no ha conseguido la reducción del déficit fiscal. La autora defiende una revisión del modelo y asegura que la salida de Cataluña del régimen común significaría una pérdida para el sistema de redistribución de sólo 2.503 millones de euros, ya que en la última reforma, el gobierno central inyectó 11.000 millones de euros para garantizar que todo el mundo saliera ganando.

Cataluña, tras Madrid y Baleares

La autora destaca que el sistema nivela en exceso y que Cataluña, que es de las primeras  comunidades en capacidad fiscal antes de aplicar la nivelación, baja hasta el octavo puesto en recursos per cápita después de su aplicación. Con la reforma, el gobierno catalán recibe ahora unos fondos un poco superiores a la media, pero sigue sin mantener su posición en la clasificación de comunidades por ingresos fiscales, como ocurre con Madrid y Baleares.

El sistema, por lo tanto, habría mejorado las finanzas del gobierno catalán, según la experta, pero muchos de los problemas prevalecerían. En primer lugar, apunta el informe, las ganancias cuantitativas son limitadas en comparación con el déficit fiscal catalán, que, según estimaciones de la Generalitat, seguiría por encima del 8% del PIB y no habría disminuido con el nuevo sistema de financiación.

Incertidumbre en los anticipos

En segundo lugar, destaca la autora, el sistema sigue vulnerando algunos de los principios que deben inspirar la redistribución autonómica. Un ejemplo es el principio que dice que ningún balance fiscal debe sobrepasar la diferencia de participación relativa en ingresos ni debe quedarse por debajo de la participación relativa en términos de población. En el caso catalán, las estimaciones aseguran que el Gobierno central ha recaudado el 19,25% de los ingresos en Cataluña, y la población catalana representa el 16,04%, pero el Gobierno sólo ha gastado el 14,4%.

La autora también culpa de muchos de los problemas del sistema el hecho de que el Gobierno central recaude y administre el 85% de los impuestos incluidos en el sistema de financiación autonómica. Estos impuestos se traspasan a la Generalitat mediante anticipos, ya que la liquidación se hace dos años más tarde; una situación que provoca incertidumbre sobre los ingresos que finalmente se recibirán.

Tanto Núria Bosch como Elisenda Paluzie sostienen que el nuevo modelo, que ahora cumple tres años de aplicación, ha mejorado la financiación de las comunidades autónomas más perjudicadas, como Cataluña, pero sigue vulnerando algunos de los principios que deberían inspirar la redistribución autonómica.