El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez estableció mediante circular que cada uno de los miembros del consejo y del comité de dirección de las entidades con dinero público debían especificar la remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, pensiones, créditos o retribución en acciones, entre otros emolumentos.

Ahora bien, las entidades podían ampararse en la confidencialidad para no publicar estas remuneraciones, por lo que Comfia-CC.OO. pidió al supervisor, e incluso al legislador, que habilite fórmulas para evitar recurrir a este precepto.

Aún así, el sindicato valoró «muy positivamente» la publicación de las remuneraciones de la alta dirección de las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas, aunque advirtió de que dicha información sigue siendo «parcial y poco homogénea».

De cara al previsible proceso de concentración de entidades tras la fusión de Popular y Pastor, Comfia-CC.OO. urgió a revisar los compromisos en materia de blindaje, con el fin de eliminar blindajes indemnizatorios o «pensionazos».

La retribución agregada de la cúpula (presidente y consejero delegado) de las entidades sostenidas por el Estado supera los 15 millones de euros.

Además, los presidentes, consejeros delegados y altos ejecutivos de las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas cuentan con blindajes en sus contratos por importe conjunto superior a 20 millones de euros.