Mientras Pedro Sánchez y sus subordinados del Gobierno se desgañitan negando que estén negociando el referéndum y la independencia fiscal de Cataluña, sus socios de ERC y de Junts no cesan en dejarles literalmente con el culo al aire afirmando por todos los medios y canales disponibles que esas negociaciones existen, añadiendo con el mayor de los cinismos, pero también con la certeza que dan los precedentes, que ese mismo gobierno que ahora dice no terminará diciendo sí, como pasó con la malversación, los indultos, y la amnistía para los golpistas y los delincuentes.

Ahí está, si no, la clarísima intervención del presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés en el Senado, donde dijo que venía a trolear al PP para terminar troleando y humillando a Sánchez y al Gobierno, sin que ningún senador del PSOE replicara. El que calla otorga que dice  sabiamente el refranero.

Son dos versiones distintas sobre las que ustedes pueden elegir a quién creer, pero dados los antecedentes y el valor que tiene la palabra del presidente del gobierno, es evidente que no caben muchas dudas sobre de qué lado decantarse a la hora de la credibilidad.

A la vista de su trayectoria, de sus concesiones, la colonización de las instituciones y lo que él llama sus “cambios de opinión” nadie, salvo los muy fanatizados o los estómagos agradecidos, cuestionan hoy que Pedro Sánchez ha puesto en venta al Estado para seguir en el gobierno y en el lote de salida los independentistas catalanes incluyen como exigencia prioritaria el pacto fiscal. Una demanda claramente inconstitucional, que no tiene amparo legal ni en la Constitución, ni en la LOFCA, ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que de llevarse a cabo violaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia, y crearía regiones más pobres en las que se produciría un grave deterioro de los servicios básicos esenciales como la sanidad o la educación.

Los cálculos que maneja el Gobierno catalán estiman que  la puesta en marcha de este plan, denominado “Propuesta de una financiación justa para Cataluña”, permitirá a su autonomía «recaudar y gestionar» 51.981 millones de euros en impuestos entre IRPF (23.000 millones), IVA (14.200 millones), Sociedades (5.300 millones) e Impuestos Especiales (3.500 millones). Esto supondría duplicar los 25.616 millones que reciben actualmente del Estado y  Cataluña se quedaría con 26.365 millones de euros de los que actualmente aporta a la caja común, lo que recortaría en un 12% la financiación del resto de las comunidades autónomas.

Añadido al impacto territorial la independencia fiscal de Cataluña provocaría también la ruptura de la caja única de Hacienda al impedir que una misma Administración Tributaria  realice el control de la totalidad de los impuestos que gravan las actividades económicas, originando graves problemas en la gestión de los impuestos y, sobre todo, en la lucha contra el fraude. Sólo en este último aspecto, la Asociación de Inspectores de Hacienda apunta que se podrían perder en torno a 3.000 millones de ingresos para las arcas públicas.

Pero, además de estos impactos directos sobre la economía y el sistema de financiación, la cesión de este privilegio fiscal a Cataluña abriría la puerta a reclamaciones similares de las comunidades más ricas que, si se quedaran con lo que recaudan dejaría sin fondos al Estado, abocando a su práctica desaparición.

Recordar aquí que Madrid, el mayor motor económico de España, es también la comunidad más próspera, la que más recauda con menos impuestos y más aporta -el triple que Cataluña- al resto de las regiones, vía solidaridad, para hacer posible que comunidades menos prósperas puedan tener una sanidad, educación y servicios sociales dignos. Sólo en el último año, Madrid ha aportado al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales 4.039 millones de euros, frente a los 1.517 de Cataluña o los 390 millones de Baleares.

Pues, a pesar de todo esto, apuesten a que, una vez solventadas las elecciones autónomas de Euskadi y Cataluña y las europeas de junio, veremos como las negativas del Sánchez se convierten en negociaciones formales para ceder al chantaje fiscal de Junts y de ERC. El propio presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, no ha podido ser más claro respecto a la sumisión de Sánchez y el PSOE: “son rapidísimos saliendo a decir que no, pero luego se lo tragan”. Y es que, como recuerda Puigdemont, el proceso independentistas no se ha terminado y lo que Pedro Sánchez dice hoy que es imposible, termina siendo mañana una realidad si ello le permite seguir durmiendo en La Moncloa a costa de romper España y de la humillación y el empobrecimiento de los españoles.