Entre las principales solicitudes, se destaca el aumento de los fondos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo, con miras a alcanzar el 0,55% de la renta Nacional Bruta en 2027 y el 0,7% en 2030. Además, se hizo hincapié en la necesidad de una rápida aplicación de la Ley de cooperación, lo que implica la adopción de un nuevo real decreto de subvenciones para simplificar los trámites administrativos.

La Coordinadora también instó al Gobierno a llevar a cabo una reforma integral de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid) y a aprobar el nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes lo más pronto posible. Asimismo, se llamó a los gobiernos autonómicos y locales a fortalecer la cooperación descentralizada, asignando presupuestos adecuados y reconociendo la importancia estratégica del sector.

En cuanto a la financiación del sector

El informe señala una recuperación en los años 2021 y 2022, alcanzando niveles similares a los registrados hace doce años. Los ingresos ascendieron a 930,49 millones de euros, con un 55% proveniente de fondos públicos y un 4% de fondos privados. Sin embargo, la Coordinadora considera este aumento de la financiación como insuficiente en el contexto internacional actual, marcado por crisis complejas que afectan a millones de personas.

El informe también proporciona datos sobre las ONGD miembros de la Coordinadora, destacando que en 2022 había 617 organizaciones activas en 100 países, con un enfoque en cooperación para el desarrollo, acción humanitaria y educación para la ciudadanía global. Además, se subraya el compromiso de estas organizaciones en la contratación de equipos locales, con el 59,65% de la plantilla compuesta por personal de los países de actuación.

En resumen, el informe resalta la importancia de fortalecer la cooperación internacional y simplificar los procedimientos administrativos para garantizar una respuesta eficaz a los desafíos globales en materia de desarrollo y ayuda humanitaria.