Isabel Rodríguez señaló que algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía y Canarias, ya están tomando medidas regulatorias al respecto. Insistió en la necesidad de una acción más ágil para abordar estas situaciones de emergencia, siempre respetando las competencias autonómicas, y subrayó la importancia de priorizar el derecho de acceso a la vivienda por encima de consideraciones puramente económicas.

En cuanto a cifras

La ministra destacó que existen alrededor de 340.000 apartamentos turísticos legales, una cifra considerablemente superior a las 184.000 viviendas en alquiler asequible que el Gobierno se ha comprometido a poner a disposición. Este desequilibrio está generando tensiones en el mercado inmobiliario y afectando la calidad de vida en áreas urbanas.

Además, Rodríguez hizo hincapié en el impacto que esta situación tiene en la configuración de las ciudades. Rechazó la idea de convertir el centro de Madrid en un «parque temático» y abogó por mantener la autenticidad y la vida comunitaria en estas zonas. En este sentido, anunció que el Estado está trabajando en la regulación de los apartamentos turísticos en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, tomando en consideración la legislación europea más reciente sobre la materia.

No obstante, la ministra reconoció la diversidad de situaciones en distintas regiones del país y la necesidad de abordar la regulación de los apartamentos turísticos de manera cuidadosa y específica, considerando el impacto económico y social en cada área. Destacó el potencial de estos alojamientos para dinamizar entornos rurales y fijar población en regiones como Castilla-La Mancha.

El problema del acceso a vivienda

Rodríguez anunció su participación en una reunión con el sector inmobiliario presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Expresó la necesidad de una «alianza de país» para abordar uno de los principales problemas que enfrentan los españoles, que sigue siendo el acceso a la vivienda. Reconoció la complejidad de la situación y la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, así como el interés de la banca en encontrar soluciones viables.

En este contexto, la ministra destacó la línea de crédito de 4.000 millones de euros que el Gobierno pondrá a disposición de promotores públicos y privados para construir vivienda asequible, con el objetivo de aumentar el parque público de viviendas, que actualmente representa solo un 2,5% del total, muy por debajo del promedio europeo del 9%.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana abordó diversos aspectos relacionados con el acceso a la vivienda en España, desde la regulación de los apartamentos turísticos hasta la necesidad de aumentar la oferta de vivienda asequible y mejorar el acceso a la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias.