Era previsible que las declaraciones de Luis de Guindos al Financial Times señalando que el Gobierno Central prepara una ley para ejercer un control férreo sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas provocaran reacciones contrarias en los entes regionales, al menos en los gobernados por partidos nacionalistas. Y Cataluña ya lo ha hecho.

El modelo que Guindos quiera llevar a cabo es similar al que se ha establecido en la Unión Europea para el conjunto de países de la zona euro y que implica que Bruselas debe dar su aprobación previa a las grandes líneas de los presupuestos nacionales antes de que sean aprobados por los parlamentos respectivos. Todo ello, en el caso español, aderezado con el compromiso constitucional de cumplir con límites estrictos en lo que se refiere a déficit público.

Aunque el Gobierno no ha querido cuantificarlo exactamente a la hora de explicar las duras medidas de ajuste adoptadas el pasado 30 de diciembre, lo cierto es que la gran desviación del déficit público global que se va a registrar en 2011, en torno al 8%, se debe básicamente a dos componentes: la Seguridad Social no tendrá un superávit de cuatro décimas sino que contabilizará un déficit pequeño, y las comunidades autónomas en lugar del 1,3% previsto y comprometido es muy probable que lleguen al 3%. Estas dos cifras explican todo el desfase que existe entre el 6% comprometido y el que finalmente va a ser.

En estas condiciones, y dadas las estrecheces presupuestarias que vienen soportando las Comunidades Autónomas cuyos ingresos se han desplomado como consecuencia de la caída de la actividad, el Gobierno Central entiende que es el mejor momento para apretar las tuercas y exigir un rigor presupuestario a los gobiernos regionales mayor del que han tenido hasta ahora.

Los gobiernos regionales han venido recibiendo cuantiosos fondos del Estado, como consecuencia de los elevados ingresos fiscales que se obtenían en la época de crecimiento, y ahora ven como dichos ingresos disminuyen pero los servicios que han venido proporcionando a sus ciudadanos y las grandes obras que iniciaron entonces no lo hacen en la misma proporción.

Realmente hasta el año pasado, cuando empezaron a tener que devolver las cantidades recibidas en exceso por una previsión de ingresos que resultó ser superior a la real, las comunidades autónomas no iniciaron un tímido ajuste de gastos para adecuarse a la nueva realidad. Y eso ha provocado tensiones a las que se ha sumado la creciente dificultad para encontrar recursos en los mercados con los que financiarse.

La vía de los llamados ‘bonos patrióticos’, es decir apelar directamente a los inversores finales en busca de dinero fresco, también parece estar a punto de agotarse entre otras razones porque los colocadores de esos bonos, las entidades financieras, también buscan depósitos crecientes que les permitan ir reduciendo su necesidad de endeudamiento con otras entidades, dado que los mercados interbancarios están prácticamente cerrados.

En estas condiciones los ingresos de las autonomías dependen cada vez más de los pactos alcanzados con la Administración Central y es ahí donde Guindos cree que hay una oportunidad para establecer más sacrificios a las regiones de forma que el ajuste no recaiga exclusivamente sobre la administración central.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha señalado que se trata de una medida “inadmisible e inaceptable” porque supone “cargarse la autonomía financiera y vulnerar las reglas de juego que establece la Constitución”. La pelea no ha hecho más que empezar.