La esencia de la propuesta radica en que los graduados universitarios pagarían por su educación en función de sus posibilidades económicas una vez insertados en el mercado laboral. De este modo, el Estado proveería un mecanismo de seguro para aquellos casos en los que las perspectivas profesionales de los egresados no sean lo suficientemente positivas como para hacer frente a la devolución del préstamo.

Este modelo, ya implementado con éxito en países como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, implica un aumento en las tasas universitarias, pero con la posibilidad de acceder a préstamos cuya devolución esté condicionada a los ingresos obtenidos por el egresado. Es decir, existe un umbral de ingresos por debajo del cual el graduado no estaría obligado a devolver el préstamo.

En el caso del Reino Unido, por ejemplo, este umbral se sitúa en las 21.000 libras, y el tipo de interés puede ser relativamente bajo. Sin embargo, un aspecto importante a considerar es que un interés más elevado podría contribuir a una mayor progresividad del sistema. Además, si transcurrido un período determinado el prestatario no ha podido reembolsar el préstamo, este se cancelaría.

Objetivos principales

Se busca compartir los costes de la educación entre los beneficiarios y el gobierno, reconociendo que la educación tiene efectos externos, pero cuyas estimaciones no sugieren que estos sean totalmente asumidos por el sector público en la actualidad. Asimismo, se busca compartir los riesgos asociados, de modo que si la calidad de la educación ofrecida es baja y el retorno de la inversión es escaso, el costo lo asumiría el sector público.

Fedea destaca que este modelo permitiría aumentar la financiación universitaria y desvincularla del ciclo económico, como ha sido el caso en el Reino Unido. Además, contribuiría a aumentar la progresividad de la financiación, lo que podría ser beneficioso para una distribución más equitativa de los recursos.

En resumen, la propuesta de Fedea representa un enfoque innovador para abordar los desafíos financieros de la educación superior, apostando por un sistema que combine la responsabilidad individual con un respaldo gubernamental adecuado, en aras de garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema universitario público en España.