La reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, que negocia la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales tendría un coste de 2.348 millones de euros anuales para las empresas del sector turístico, según el informe elaborado por Exceltur con motivo de esta propuesta, incluida en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar.
Exceltur analiza varios factores que se verían afectados por ese recorte de las horas, que tendrían que ser cubiertas por otros trabajadores, sobre todo en las posiciones donde no es posible hacer un uso «más eficiente del tiempo de trabajo». En este sentido, apuntan a que esta medida reduciría las horas semanales trabajadas en 5,7 millones, de las que el 75,4% no pueden compensar por este uso eficiente del tiempo.
Dicho coste está calculado bajo el supuesto de que las empresas pudieran encontrar trabajadores formados para complementar las horas reducidas (lo que no se produce en el contexto actual) y de que esas empresas tienen el tamaño suficiente para adaptar y gestionar con flexibilidad sus turnos, lo que es difícil de asegurar, cuando el 93,9% de las empresas turísticas en 2023 son micropymes, con un tamaño inferior a los 10 trabajadores (frente al 74,9% que suponen en el resto de las actividades de servicios).
De no ser así, las empresas se verían abocadas a reducir sus horarios, bajar la prestación de servicios y, en consecuencia, minorar sus ventas, lo que generaría un coste mayor del calculado.
Exceltur, además, calcula un incremento medio del 4,9% de los costes laborales totales de las empresas turísticas y una reducción media del 8,1% de sus beneficios anuales (excedente bruto de explotación).
También se produciría un mayor impacto sobre las pequeñas y medianas empresas y los sectores de la restauración y el transporte de pasajeros por carretera, por su mayor intensidad en el uso de capital humano y la menor capacidad de anticipación y ajuste de la medida, a través de la gestión de los turnos de su personal.
Impacto económico por subsectores turísticos
El impacto de la reducción de la jornada laboral máxima legal por subsectores turísticos se concentra en las empresas de la rama de restauración (1.029 millones de euros y una reducción del 19,1% de los beneficios empresariales), del transporte (599,7 millones de euros y un descenso del 7,8% de los beneficios, principalmente en
transporte terrestre, 17,3% del beneficio) y del alojamiento (403 millones de euros y una caída del 6,1% de los beneficios).
Una reducción de 5,7 millones de horas semanales de los trabajadores asalariados, lo que sumaría 294,6 millones de horas al año, de las cuales el 75,4% de las mismas se producen en posiciones en las que no se pueden compensar por un uso más eficiente del tiempo de trabajo.
Exceltur pide a Trabajo alternativas a ese recorte de la jornada laboral
Ante el impacto económico que supone la reducción de jornada laboral, Exceltur desaconseja su implementación en el sector turístico y, todo lo contrario, pide que se favorezca la flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo para un mejor uso del tiempo efectivo de trabajo, a la vez que la inversión empresarial en la mejora de producto, como la mejor vía para incrementar la productividad de los trabajadores y sus condiciones salariales.
Para lograr estos objetivos, la patronal turística propone medidas como reducir los costes no salariales, especialmente las cotizaciones sociales, para promover una mejora en los costes laborales unitarios de las empresas y sus niveles de competitividad. También reclama que se dé prioridad a los convenios colectivos a nivel de empresas o, en su caso, incorporar mecanismos de mayor flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo en los convenios sectoriales para favorecer la capacidad de adaptación de las empresas, especialmente para llegar a acuerdos sobre una mejora gestión de los posibles momentos de menor actividad en el tiempo efectivo de trabajo.
En materia fiscal reclama incentivos a la reinversión en España de los beneficios no distribuidos en el reposicionamiento de producto (pudiendo vincularse adicionalmente a objetivos de mejora de las condiciones del empleo y reducción de la huella ecológica), como vía para la mejora de la productividad de los trabajadores.
Y, por último, fomentar planes de formación “in company” diseñados bajo fórmulas de concertación directamente con las empresas, para promover mejoras en capital humano que ayuden a incrementar el valor añadido de los servicios
prestados.
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