Con este objeto, el Gobierno reducirá gastos en 8.900 millones de euros, al tiempo que prevé recaudar 6.200 millones de euros más como consecuencia de algunos cambios fiscales que incluyen un alza temporal y progresiva del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Aunque el PP cuenta con mayoría absoluta para sacar adelante este decreto, confían en ganarse al menos la abstención de CiU y PNV e incluso Foro Asturias. Por contra, dan por descontado el rechazo del PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, Amaiur, ERC y BNG.

La defensa de la posición del Gobierno recaerá en el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aunque en algún momento se llegó a barajar que la asumiera el propio Rajoy. De esta forma, los grupos parlamentarios no tendrán ocasión de afear al jefe del Ejecutivo un paquete de medidas que consideran «contradictorias» con las que presentó durante el Debate de Investidura de hace tres semanas.

Montoro replicará asegurando que las medidas son consecuencia de una situación de las cuentas públicas que desborda las previsiones que les presentó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero durante el traspaso de poderes, y remarcará que el PP ha cumplido compromiso como los de revalorizar las pensiones un 1%, tras mantenerse congeladas durante todo 2011.

Medidas para la Banca

Asimismo, la norma incluye materias ajenas al ajuste presupuestario, como la prórroga durante 2012 de la posibilidad del Estado de otorgar avales a la banca por 100.000 millones de euros, que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha justificado para evitar la sequía de crédito.

También se revisan las condiciones en las que una caja se convertía en fundación si poseía menos del 50% de las acciones del banco que gestione su negocio, eliminando este umbral, de forma que en la nueva redacción dada por el decreto se alude simplemente a una situación en que «deje de os

En una entrevista ofrecida a Efe, Mariano Rajoya ha declarado que no está en sus previsiones subir el IVA, y que no habrá un banco malo, sino un proceso de reestructuración del sistema financiero desde los principios de saneamiento, transparencia y fusión de las entidades.

Rajoy ha justificado la subida del IRPF porque el déficit que encontró al llegar al Gobierno era superior a lo previsto, aunque ha admitido que la medida es «dura y dolorosa, pero absolutamente imprescindible. No quedaba otra opción».

El jefe del Ejecutivo ha detallado que las comunidades autónomas han sido responsables de 15.000 de los 20.000 millones de euros de desviación del déficit público.

Déficit en las Comunidades Autónomas

Montoro se ha citado con los consejeros ‘populares’ de Hacienda  en la sede del partido en Madrid, pero tiene intención de hacerlo también con los homólogos de Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias, gobernados por CiU, PSOE, FAC y CC, respectivamente. El objetivo de todos estos encuentros es preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana que viene, el primero del año y primero con el Gobierno del PP.

Desde el ministerio que dirige Montoro han explicado  que en ese Consejo se deben establecer las bases para la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que comprometa a todas las administraciones en los objetivos de déficit público. En un paso más allá, se abordarán también fórmulas para penalizar a quienes no cumplan con los techos de gasto y deuda.

Las mismas fuentes han asegurado que Montoro también quiere empezar a trabajar sobre cómo eliminar duplicidades entre administraciones, una propuesta de campaña del PP sobre la que todavía no se han lanzado propuestas concretas. El objetivo es que cada competencia la ejerza una sola administración, para mejorar la eficacia en la prestación de los servicios pero también para reducir costes.

En línea con las medidas de recorte del gasto público, el ministro de Hacienda presentará a todas las autonomías un plan de adelgazamiento del sector público empresarial, sobre el que muchos gobiernos autonómicos ya han anunciado recortes.