Con la tramitación a uña de caballo de los ajustes legales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía del Estado, acordados entre el PSOE y el PP, el Parlamento va a resolver en diez días de julio lo que ha sido incapaz de solucionar en cinco años. El bloqueo de la renovación del CGPJ por parte del principal partido de la derecha, enfangado en la corrupción, toca a su fin gracias a la exigencia de la UE. Los 258 votos que sumaron los dos grandes partidos en el pleno del 4 de julio para aprobar la tramitación a toda mecha de las reformas legales permitirán elegir a los 20 nuevos vocales del órgano de gobierno de la Justicia según el sistema implantado en su día por el PP con mayoría absoluta: 10 consejeros elegidos por el Congreso y 10 por el Senado, de los que 6 por cada cámara serán magistrados y jueces, y los 4 restantes de cada cupo serán juristas de reconocido prestigio.

Los consejeros salientes han cumplido de largo su función. Tan de largo que ya es sabido que habiendo sido elegidos para un mandato de cinco años han permanecido diez en sus puestos. Es como si los diputados y senadores (Poder Legislativo) se hubieran negado a dejar sus escaños al acabar el mandato de los cuatro años para los que fueron elegidos. Ni que decir tiene que el daño y el desprestigio a la Justicia ha sido tamañitos. Tanto da. Con cumplir las consignas esenciales de una derecha política enfangada en la corrupción y mantenerse a su servicio, pueden darse por satisfechos.

En este sentido resulta irónico, además de cínico, el discurso pronunciado por el todavía presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, el 2 de julio en la Escuela de Verano del Poder Judicial, pidiendo a los nuevos vocales del Consejo, los que sean, que defiendan “con ahínco” la independencia judicial y “eludan la politización”. Quizá haga falta recordar que “cínico” viene de “can”, canelo, perruno, que orina en público.

Un mínimo aprecio al servicio público de la Justicia, por no hablar de su crédito, habría llevado en su día a todos los vocales del CGPJ a dimitir en bloque al terminar su mandato. Pero la mayoría conservadora del Consejo, elegida cuando el PP de Rajoy disfrutaba de mayoría absoluta en el Parlamento, prefirió obedecer la consigna de un partido plagado de prebostes corruptos de mantenerse en el cargo y arrimar el hombro contra los adversarios políticos: el Gobierno progresista de Pedro Sánchez en este caso.

Cierto es que con unas retribuciones de 134.295,80 euros brutos anuales por cada consejero (el presidente del Gobierno cobra 92.706,12 euros, es decir, 41.589,78 euros anuales menos que ello), la felonía a la democracia habrá sido más llevadera y sus autores siempre podrán acreditar la obediencia debida para prologar otro capítulo histórico del Poder Judicial.

El CGPJ administra un presupuesto anual de 78,9 millones de euros (43,25 en concepto de “Gobierno del Poder Judicial”, 24,14 para “selección y formación de jueces” y 10,9 en “documentación y publicaciones judiciales”), y su presidente dispone de 235.710 euros en “atenciones protocolarias y representativas”. Destina 426.000 euros este año a las Asociaciones Judiciales y dispone desde 2018 de una Comisión de Ética cuya renovación parcial anuncian el 16 de julio. Pues eso, más ética sería menester.