Miriam Nogueras
Foto: Eduardo Parra / Europa Press (Archivo)

Junts cada vez se lo pone más difícil al Gobierno de Pedro Sánchez. En una sola sesión, no solo ha impedido la reforma de la Ley de Extranjería sino que, además, ha paralizado la aprobación del techo de gasto y el objetivo de déficit público, necesidarios para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2025, al votar en contra de los objetivos de déficit y deuda aprobados por el Consejo de Ministros..

El Gobierno tendrá que volver a presentar el trámite —puede insistir con los mismos objetivos—, lo que retrasará todo el proceso. Si finalmente las metas de estabilidad no lograsen pasar el examen parlamentario, entraría en vigor la senda anterior, más severa para las comunidades autónomas —la mayoría, gobernadas por el PP— y para los ayuntamientos. Es decir, su margen de gasto se verá reducido.

Como acababa de ocurrir unas horas antes con la reforma de la Ley de Extranjería, los objetivos fijados por el Gobierno sobre techo de gasto, déficit y deuda para 2025 se han visto paralizados al recibir 178 votos en contra (PP, Vox y Junts) y 171 a favor. De nada había servido que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiera sus datos macroeconómicos por ser más flexibles con las cuentas públicas de comunidades y ayuntamientos.

En Junts justificacabn su voto en contra por no compartir el reparto de los objetivos de déficit entre administraciones, exigiendo que las comunidades tengan más margen de gasto, según explicó su portavoz, Josep Maria Cruset.

De nada sirve que haya prisa en aprobar estas magnitudes macroeconómicas para poder seguir avanzando en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, y conociendo que los PGE de 2024 son una prórroga de los del ejercicio anterior.

El Gobierno está convencido de que la economía española no debe superar el 2,5% de déficit para 2025 (medio punto menos que el previsto para este año del 3%), del que el 2,2% correspondería al déficit del Estado, mientras las comunidades deberán registrar un déficit del 0,1% del PIB y los ayuntamientos un déficit de dos décimas. El equipo de Montero también se ha fijado como objetivo una deuda pública por debajo del 100% en 2007.