El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía General del Estado denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la «delimitación tan abstracta» que ha hecho el juez Peinado de la investigación que dirige contra Gómez y la «injusticia» de varias resoluciones adoptadas por el instructor.
«Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada, que en aquellas se contempla, contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta, la Presidencia de uno de los poderes del Estado, de las 27 garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable», apunta, en referencia a la testifical que ha tenido lugar esta mañana en La Moncloa.
A su juicio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid no cuenta con «un mínimo indicio» que «soporte» las diligencias que ha acordado y con su «conjetura» genera un «descrédito gratuito» y «deprestigia» la Presidencia del Gobierno.
Así, solicita al tribunal que recabe copias autenticadas de las resoluciones adoptadas por el juez Peinado en el denominado ‘caso Begoña Gómez’. También reclama que se cite a declarar al magistrado Carlos Valle, que en sustitución de Peinado dictó la providencia por la que se rechazó la petición de Sánchez de comparecer por escrito.
Con todo, defiende que esta querella no es un «ataque» al Poder Judicial. «Al contrario, es expresión en la confianza en el Poder Judicial», señala y apunta que es «el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales».
Su derecho a no declarar
Pocas horas antes, el juez Peinado se personó en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno en calidad de esposo de Begoña Gómez. Pero Sánchez se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa, Begoña Gómez, en la causa que tiene abierta por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Fuentes jurídicas informaron de que la comparecencia de Sánchez como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado duró unos veinte minutos y que el presidente se amparó en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para no responder.
Este artículo establece que están dispensados de la obligación de declarar en un procedimiento judicial “los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil”.
En virtud de este artículo, Sánchez dijo que no respondería, por lo que ni el juez ni las partes llegaron a formularle preguntas. La comparecencia, fijada para las 11.00 horas, duró unos veinte minutos, aunque la vista se prolongó hasta aproximadamente las 12.00 al iniciarse con cuestiones técnicas.
La comparecencia fue grabada
La comparecencia del presidente se produjo ante el juez Peinado, el fiscal, la defensa de Begoña Gómez y la abogada Marta Castro, de Vox, en representación de las acusaciones personadas en el sumario. Aunque el jefe del Ejecutivo no respondió a ninguna pregunta, la comparecencia fue grabada en vídeo por orden del instructor, como sucedió con la declaración que en su momento realizó Begoña Gómez.
El instructor llegó hacia las 10.21 a La Moncloa en un coche policial camuflado, en el que el juez iba sentado en el asiento del copiloto. Tras su identificación, los funcionarios permitieron la entrada del magistrado.
Durante la comparecencia de Sánchez ante el juez tuvo lugar una protesta de la asociación Hazte Oír en una de las entradas del complejo presidencial, en concreto la situada junta a la Facultad de Estadística de la Universidad Complutense. Estos manifestantes portaron muñecos vestidos de preso que representaban al presidente y a su mujer.
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