Angustiado ante la certeza de perder una nueva votación en el Congreso, ya van 35 desde el inicio de la legislatura, el gobierno dio la espantada y ordenó retirar el techo de gasto del orden del día del Pleno del Congreso para humillarse en una nueva negociación con el fugado de la Justicia  Puigdemont e implorarle el apoyo de sus diputados al paso previo, e imprescindible, para aprobar los Presupuestos del Estado.

Un negociación que, sin duda, va a ser más una imposición en la que el resultado va a depender de lo que Sánchez sea capaz de ceder ante al enésimo chantaje de los independentistas. Y no lo duden, cederá lo que haga falta porque en La Moncloa son plenamente conscientes de que como le indicó desde la oposición el propio Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2018 “sin presupuestos no se puede gobernar”, a pesar de los argumentarios falaces del gobierno y sus acólitos asegurando que si se prorrogan las cuentas, ya serían dos años, no va a pasar nada. Pero sí pasa, mucho y malo. Porque la prórroga presupuestaria no sólo condena al Gobierno, condena también a España, a la economía y al empleo.

Recordar que el techo de gasto es el marco general sobre el que se desarrollan las cuentas del Estado y prorrogar los Presupuestos implica serias dificultades para responder a los cambios económicos, la imposibilidad de aplicar nuevos políticas públicas o planificar proyectos a largo plazo, además de restricciones de inversión, incumplimiento de compromisos internos y exteriores y rigidez fiscal.

Y aunque la prórroga está prevista  en la legislación española para evitar el colapso de las Administraciones, su uso recurrente deteriora la certidumbre económica, la seguridad jurídica y la solidez del sistema democrático, con la consecuencia directa de dejar al país paralizado, dado que en el decreto de prórroga presupuestaria el Ejecutivo sólo podría incorporar las medidas más urgentes salvando, eso sí, la revalorización de las pensiones que seguirán subiendo conforme al IPC tal y como establece el artículo 58 del Real Decreto por el que se crea la Ley General de la Seguridad Social.

Como han señalado desde los principales gabinetes de estudios, la incapacidad del gobierno para aprobar los Presupuestos impide también la asignación de nuevos fondos para proyectos de infraestructuras, con los consiguientes retrasos en el inicio de obras cruciales, la paralización de proyectos en marcha, o incluso la cancelación de inversiones previstas. También los contratos ya adjudicados podrían sufrir demoras en los pagos, lo que generaría incertidumbre en las empresas, reducción de la confianza empresarial, paralización de las inversiones nacionales y extranjeras y deterioro en la creación de riqueza con pérdida de empleo y reducción de las contrataciones.

Y en el ámbito estrictamente macroeconómico la prórroga continuada de los presupuestos es siempre percibida por los mercados financieros como un síntoma de inestabilidad política y económica que tiene graves consecuencias en términos de confianza y por consiguiente en la calificación crediticia del país, y en las dificultades para colocar la deuda pública repercutiendo en un aumento de los intereses. Y esto en un país que con una deuda pública que supera el 108% del PIB está entre los más endeudados del Mundo.

Y tampoco sirve el recurso a los fondos europeos, de los que al término del primer semestre sólo se habían gastado el 3,5% de los dineros concedidos este año, apenas 1.237 millones de euros  frente a los 35.835 millones recibidos, con datos de la Intervención General del Estado. Fondos que siguen sin llegar al sector privado por la incompetencia demostrada del gobierno para gestionarlos.

Ahora, parece que las nuevas exigencias de los puigdemones pasan por hacer efectiva la propuesta que aprobó el Parlamento catalán en 2014 en la que pedían que las comunidades autónomas reciban un tercio, como mínimo, de la totalidad de la capacidad de déficit de todas las Administraciones Públicas que, de acuerdo con los compromisos adquiridos con las instituciones comunitarias en el caso de la Generalitat de Cataluña incrementaría en 1.800 millones de euros la capacidad de endeudamiento. Pero lo más alarmante no es lo que se sabe, sino lo que queda bajo la mesa en esas negociaciones clandestinas. Y conociendo los antecedentes y los personajes, póngase sin dudarlo en lo peor. Lo peor para la igualdad entre los españoles, para la seguridad jurídica, para el Estado de Derecho y para la democracia. Y todo para que Sánchez siga durmiendo en La Moncloa y deje el futuro de España en las manos de quienes quieren destruirla.