Los tres diputados de Solidaridad por la Independencia (SI) en el Parlamento catalán han presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía contra los ex presidentes de la Diputación de Barcelona, los socialistas José Montilla, Celestino Corbacho, Antoni Fogué y Manuel Royes por presunta malversación de caudales públicos y delito contra la Administración.

El actual presidente de la Diputación de Barcelona, el convergente Salvador Esteve, ha dejado de abonar los sobresueldos de cargos de la institución provincial que, a pesar de cesar en sus funciones, seguían durante diez años percibiéndolos en sus nóminas. Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno de la institución provincial no ha querido revelar, hasta el momento, ni el importe ni el número de personas que se beneficiaron de lo que entre el mundo funcionarial se denomina “mochilas”.

Solidaritat per la Independència (SI) ha acusado públicamente al ex presidente de la Generalitat, José Montilla, y al ex ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, de presunta malversación de fondos públicos y de delitos contra la Administración Pública por un decreto que “blindaba” los salarios de cargos de la Diputación de Barcelona que cesaban en sus funciones pero seguían durante diez años en nómina de la institución.

“CiU y PSC se tapan las vergüenzas”
El secretario general de IU, Uriel Bertran, lamenta que CiU y PSC «se tapen las vergüenzas». Según Bertran, lo normal sería que los nuevos gobernantes de la Diputación, encabezados por el convergente Salvador Esteve, «levantaran las alfombras para que se pueda limpiar la corrupción que se esconda debajo», pero en lugar de hacerlo, «parece que hay un pacto sociovergente (PSC-CiU) para taparse unos a otros las vergüenzas». En cualquier caso, añade que su formación no quiere que el presunto pago de «mochilas» o sobresueldos en la Diputación quede «impune» y, por este motivo, han presentado ante la Fiscalía una denuncia con toda la documentación de que dispone sobre el caso.

Uriel Bertran lamentado que Salvador Esteve aduzca un supuesto «secreto oficial» para no dar a conocer los nombres de las personas que han percibido los presuntos sobresueldos, así como los conceptos según los cuales se pagaban y su cuantía, y recuerda que, según la legislación vigente, únicamente el Consejo de Ministros y la junta de jefes de Estado Mayor pueden determinar «secretos oficiales».

La polémica medida fue aprobada en 2004, cuando la presidencia de la Diputación, entonces en manos de Montilla, revisó el sistema salarial para “blindar” a quienes cambiaban de funciones, de manera que quedaban garantizadas 14 pagas de su anterior cargo como sobresueldo, independientemente de si seguían percibiendo nóminas de otras administraciones públicas. Según la formación independentista, este tipo de maniobras «son intolerables en democracia, porque la casta política se apropia del dinero de los ciudadanos en su propio beneficio».

Destapar el “oasis catalán”
El diputado de SI Alfons López Tena considera que «jurídicamente puede ser un delito contra la Administración Pública y de malversación de fondos públicos», por lo que han presentado la denuncia ante Fiscalía para evitar que estas prácticas «queden escondidas bajo el oasis catalán».

Por su parte, el grupo del PSC en la Diputación de Barcelona aseguró que el blindaje de los sueldos de los altos cargos que impulsó cuando gobernaba era legal, transparente y estaba avalado por un decreto de la Generalitat de 1997. Los socialistas reaccionaron así a la investigación que abrió el nuevo equipo de gobierno del ente provincial tras las elecciones municipales de mayo pasado. Los socialistas también subrayan que estos blindajes, por los que los altos cargos cobraban un plus a lo largo de los diez años posteriores a abandonar el cargo, se han aplicado durante 11 años con el conocimiento de todos los partidos y «sin ningún informe jurídico contrario».

Explicaciones del PSC
Los socialistas recuerdan que siempre se informó al pleno de la Diputación del salario de estos altos cargos, y se garantizó en todo momento la «transparencia» del procedimiento por el que se materializó el blindaje. El PSC, que asegura que todos los altos cargos era funcionarios de carrera y no personal de confianza, precisa que en el mes de mayo -cuando perdió la mayoría en la Diputación en beneficio de CiU- cobraban este complemento extra unos 50 trabajadores entre «personal técnico, administrativos y los jefes de unidad, sección y servicio».

El PSC también garantiza que ningún diputado ni alto cargo del gobierno presidido por Antoni Fogué (PSC) ha percibido esta retribución salarial, y destaca que siempre se han seguido «los procedimientos administrativos correspondientes». No obstante, para la nueva dirección del PSC, encabezada por el también alcalde de Terrassa, Pere Navarro, esta denuncia supone un escollo si se quiere presentar regenerada ante su electorado natural.

El PSC también puntualiza que ninguno de los decretos relativos al blindaje de los salarios han sido firmados por el ex presidente de la Diputación y de la Generalitat José Montilla (PSC), por lo que la denuncia también alcanza a Manuel Royes, que luego fue nombrado delegado especial del Gobierno para el Consorcio de la Zona Franca..

El diputado de SI, Alfons López Tena, afirma que «el problema es que la documentación que pedimos a la Diputación no fue publicada en su momento en el Boletín Oficial de la provincia, por lo que los ex presidentes de esta institución, Manuel Royes, Celestino Corbacho, José Montilla y Antoni Foguet, además de pagar sobresueldos, lo hacían en la clandestinidad». «Nosotros no formamos parte del oasis catalán, -puntualiza Tena- y no nos afectan los avisos del grupo socialista de la Diputación según los cuales todo el mundo sabía que se pagaban complementos desde hace once años y que tanto CiU como el PP estaban de acuerdo».

Los tres diputados de SI en el Parlament exigen que en la Diputación haya «transparencia», y que, según ha dicho Tena, «caiga el peso de la ley sobre los corruptos y los delincuentes», porque «basta ya de corrupción en la política, y basta ya de utilizar las instituciones en beneficio de los partidos».