Tras finalizar el plazo dado a los agentes sociales para lograr un acuerdo en reforma laboral, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno. El pasado fin de semana, la patronal y sindicatos consumieron los dos últimos días para lograr un acercamiento en materia de contratacióny sueldos, principales puntos en discordia.

El Ejecutivo está ya manos a la obra elaborando su nueva reforma laboral que podría ir encaminada a otorgar más poder los empresarios a través de una mayor flexibilidad interna. Su regulación se realizaría a través de un procedimiento general de descuelgue de convenios colectivos mediante acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores.

Cambiar la estructura de la negociación colectiva sería para la patronal y sindicatos un golpe a sus últimas reuniones ya que en este punto era donde estaban de acuerdo.  En un comunicado, recogían la semana pasada que consideraban que era una materia que, por su propia naturaleza, correspondía fundamentalmente a los Interlocutores Sociales, sin perjuicio de que alguna de ellas tenga trascendencia legislativa.

La CEOE y sindicatos rechazan cambios sin contar con ellos aunque la patronal es partidaria de dar más peso a los convenios de empresa frente a los sectoriales de ámbitos superiores en los que se incuyen los provinciales, autonómicos y nacionales.

Con esta apertura de la flexibilidad interna el empresario tendría mayor facilidad para cambiar todo lo referente a las condiciones laborales de sus empleados como los salarios y las jornadas, entre otras cosas.

Reforma de 71 enmiendas

Una nueva reforma laboral que recogerá el espíritu de las 71 enmiendas presentadas a la anterior regulación del mercado de trabajo, que el Gobierno del PSOE presentó a mediados de 2010, así como el programa de Gobierno con el que el PP concurrió a las últimas elecciones.

El PP planteaba en dichas enmiendas extender el contrato de fomento del empleo, suavizando las condiciones de acceso para «incentivar a los empresarios a la contratación estable», de forma que no sea necesario que el trabajador tenga que pasar tres meses en situación de desempleo antes de acceder a esta modalidad contractual, que incluye una indemnización de 33 días por año trabajado.

Contrato simplificado

Un contrato tipo que reduzca todas las modalidades existentes en el mercado laboral español y que facilite la contratación podría ser la alternativa del Gobierno tras la polémica surgida desde el año pasado cuando la CEOE propuso un contrato único con una indemnización de 20 días por año, con un máximo de doce meses y que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo descartó en sus primera reuniones con los agentes sociales.

No obstante, el debate surgido en las últimas semanas sobre la posibilidad de crear una modalidad contractual que acabe con la gran segmentación de la contratación en España (temporales e indefinidos) podría llevar al jefe del Ejecutivo a buscar una solución intermedia con la aprobación de un contrato que podría convertirse en el referente del acceso al mercado laboral. La reforma laboral podría extender el contrato de fomento del empleo con una indemnización de 33 días por año trabajado.

En el programa electoral que el PP presentó ya se comprometían a poner en marcha una «reforma integral del mercado de trabajo» y ya avanzaba que se simplificaría la tipología de contratos laborales y se reformaría la estructura y contenidos de la negociación colectiva.

También incluía la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador –siguiendo el modelo austriaco–, que contemple la cobertura frente al desempleo y que favorezca la movilidad y la formación continua.

Derecho de huelga y EREs

Asimismo, el Partido Popular planteó que se impidiera adoptar «medidas de huelga o conflicto colectivo» que tengan por objeto alterar lo pactado en un convenio colectivo durante su vigencia, aunque se negocia su revisión. La propuesta, afectaba al Estatuto de los Trabajadores y se enmarcaba en sus iniciativas para «fortalecer» la flexibilidad interna de la empresa y el descuelgue de los convenios.

También pedía reformar el procedimiento de suspensión del contrato y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, «distinguiendo entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas» para permitir que las empresas y los trabajadores puedan mantener los contratos de trabajo y adaptarse a las nuevas necesidades «de modo que el despido sea la última opción».

El Ejecutivo se ha comprometido a que una nueva reforma laboral esté cerrada en el primer trimestre del año, después de que el anterior Gobierno socialista aprobara otra reforma del mercado de trabajo por decreto ley tras meses de negociación de los agentes sociales y que también terminaron en fracaso.