«El problema de la morosidad es tan importante como la reforma laboral, ya que es uno de los elementos más importantes para ser competitivos y mantener el empleo», afirmó el presidente de la PMcM, Rafael Barón Crespo, durante la presentación del estudio.

El 40,1% de las empresas encuestadas (el 94,4% eran pymes y autónomos) afirmó haber tenido más impagos en 2011 que el año anterior. El plazo medio de cobro en el sector privado en 2011 fue de 98 días, lo que significó un aumento de cinco días respecto a 2010, año en el que se aprobó la nueva Ley de Morosidad 15/2010.

La Ley de Morosidad estableció un calendario de aplicación que quedó fijado en 85 días para 2011, 75 días en 2012 y, finalmente, el tope de 50 días a partir de 2013. Un 33,7% de las empresas encuestadas percibieron plazos de cobro más largos, un 41,9% similares y un 24,4% inferiores a los de 2010.

Por su parte, el plazo medio de pago de las administraciones públicas a sus proveedores se cifró en 162 días, cinco días por encima del plazo de 2010 y ocho días por encima del plazo de 154 de 2009. La Ley de Morosidad fijó el plazo legal en 50 días. El 51,7% de las empresas encuestadas aseguraron que en 2011 los plazos de cobro fueron aun más largos que en 2010.

El portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, explicó que «la deuda pública de las administraciones no puede seguir aumentando», por lo que explicó que la plataforma está «dispuesta» a dialogar la «anulación de la deuda histórica» a las administraciones públicas.

Propuestas contra la morosidad empresarial.

La PMcM presentó también sus propuestas enviadas al nuevo Gobierno del Partido Popular para reducir la morosidad, facilitar el acceso de las empresas al crédito y mejorar la liquidez empresarial a corto plazo.

Para reducir la morosidad, la PMcM propone el desarrollo reglamentario y la aplicación estricta de la nueva Ley, y establecer un régimen sancionador por su incumplimiento con multas de hasta 900.000 euros.

Además, apuesta por la creación del Observatorio contra la Morosidad, la instauración de la figura del mediador empresarial y de los tribunales de comercio, un plan para eliminar la deuda histórica de las administraciones públicas y sus organismos dependientes con sus proveedores.

Asimismo, la PMcM quiere facilitar el acceso de las empresas al crédito modificando los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y Seguridad Social, en concordancia con los plazos de cobro habituales.

Papel activo del ICO.

También propone elevar el importe máximo por el que se admite el aplazamiento de tributos sin garantía, establecer créditos ICO de fácil acceso para inversión y potenciar alternativas que disminuyan la dependencia del sistema financiero tradicional.

Por último, la PMcM también plantea medidas tributarias como la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal (como el IVA contra retenciones), la implantación del criterio de caja en el pago del IVA, entre otras medidas que van en consonancia con lo anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura.