La película de los hechos es un tanto rocambolesca: Las impugnaciones del PP y ERC fue seguido, tras su estimación por la Junta Electoral Provincial de Barcelona, por otro del PSC y CiU ante la Junta Electoral Central. Antes la Junta catalana había tratado de inhibirse pasando la pelota a Madrid, pero los magistrados de la Junta Electoral Central se lo devolvieron instándoles a que resolvieran el tema “ya que es su competencia resolver sobre la cuestión planteada”. En cambio Madrid sí que asumió tratar los recursos que se pudieran presentar a la decisión del tribunal catalán. Así lo hizo a última hora de la tarde de ayer y ratificó la decisión tomada en Catalunya.

La argumentación de la Junta de Barcelona para negar –por unanimidad- la realización del proyectado debate es que no se había comunicado con los preceptivos cinco días de antelación la celebración de dicho acto, como marca la ley.

Al conocer esta decisión, CiU anunció la presentación de un recurso “para que el cara a cara pudiera celebrarse”  y criticó la “pinza que PP y ERC han realizado para impedir este debate” manteniendo un “comportamiento electoralista que impide profundizar en los mecanismos democráticos”. En su opinión, la celebración de este debate no vulnera la igualdad informativa y recuerda que la Junta Electoral ya permitió el debate entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en las últimas elecciones generales. También criticaron la actitud de José Montilla que ha esperado hasta el último minuto para aceptar un debate, después de romper las negociaciones cuando hace más de un mes plantearon este tema.

También los socialistas recurrieron la decisión de la junta de Barcelona alegando que ya comunicaron a la junta electoral la intención de hacer debates el pasado 10 de octubre. Tras señalar que  PP y ERC buscaron impedir el debate por “intereses partidistas” , acusaron a Artur Mas de no querer los debates durante toda la campaña con lo que se menospreciaba el derecho de información de los catalanes. El PSC había propuesto dos debates, uno en un medio público y el otro en una televisión privada. El primero en catalán y el segundo en castellano. Fue el idioma lo que, aparentemente, impidió el acuerdo.

EP PP celebró la decisión de la Junta electoral, dado que pocos días antes de las elecciones no se entendería que PSC y CiU recibieran un trato de favor, mientras que desde ERC constataban que Catalunya no es bipartidista y con esta propuesta de debate se excluía al resto de fuerzas políticas, con lo que “se empobrecía la campaña”.

Tanto Montilla como Mas tuvieron que modificar su agenda. El president  debía ir a Tortosa, pero la distancia se lo impidió dada la tardanza en que la Junta resolvió los recursos. Artur Mas, más previsor, grabó su mitin en Lleida por si no le daba tiempo a llegar al acto.

En cualquier caso la argumentación de la Junta Electoral es un tecnicismo para solventar este  tema sin tener que entrar en el fondo del problema, que no es otro que la práctica imposibilidad de los medios públicos de explicar la campaña electoral y de celebrar debates. La regulación del tiempo y el orden de las informaciones impide, de hecho, la posibilidad de celebrar cualquier cara a cara, dado por sentado que las formaciones que no participen recurrirán cualquier iniciativa de este tipo por sentirse discriminados.

También la ley prohíbe hacer publicidad institucional propiciando la participación en las consultas y sólo puede informar de la celebración de los comicios. Parece urgente una profunda revisión de la normativa electoral, pero en cambio lo que se está proponiendo es extender  estas limitaciones durante la campaña a los medios privados. Por otra parte El Periòdic d´Andorra publica diariamente una encuesta sobre estas elecciones, dado que en España no se pueden sondeos cinco días antes de las elecciones.  El primero, del martes, daba a CiU 63-64 escaños; 29-30 al PSC; 13-14 al PP; ERC le otorgaba 11-12;  ICV, 10-11; Ciudadanos, 5 y Solidaritat Catalana de Joan Laporta de 0 a 4 (depende si alcanza el 3% en Barcelona).