El primer debate parlamentario catalán ha empezado hoy para aprobar también el primer proyecto de ley del año: los presupuestos de la Generalidad para el 2012.  Unas cuentas que ascienden a 37.024 millones de euros, lo que supone una reducción del gasto no financiero y no finalista del 0,7 por ciento respecto a las cuentas de 2011, mientras que el pago de los intereses por la deuda pública de la Generalitat se incrementa un 35%.

La sesión, que ha comenzado con la elección del popular Pere Calbó como nuevo secretario primero de la mesa del Parlament, en sustitución de Jordi Cornet, también del PP, que ha renunciado al escaño al ser nombrado delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona; abordará las enmiendas de retorno de los prespuestos presentadas por PSC, ERC, ICV-EUiA, Ciudadanos y Solidaridad, que dispondrán de treinta minutos para defenderlas y abrirán un turno en contra del gobierno. Pero el pacto CiU y PP hace previsible su rechazo, quedará fijada la previsión de ingresos y gastos y la distribución por secciones. Por tanto, el presupuesto seguirá la tramitación parlamentaria.

También en el debate de la ley de acompañamiento del presupuesto se materializará el pacto entre PP y CiU, ya que el que el gobierno prevé aumentar los ingresos hasta 2.191 millones de euros con medidas entre las que destaca un ticket moderador en la sanidad de un coste por receta médica de un euro, así como una tasa turística de uno a tres euros por pernoctación, la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio con un mínimo exento de hasta 700.000 euros, el aumento del tipo en el tramo autonómico del impuesto sobre venta de determinados hidrocarburos, el aumento del canon del agua para uso doméstico, y medidas que afectan a la función pública. El PP, no obstante, ya ha anunciado que introducirá modificaciones en la aplicación del tiquet de un euro por receta médica, para que no se vean afectados los enfermos crónicos y los ancianos, así como en la aplicación de la tasa turística. Si, como está previsto, CiU y PP superan este debate, las dos leyes seguirán la tramitación parlamentaria en comisión y volverán al pleno el 15 de febrero para la aprobación definitiva.

El presidente Artur Mas también tendrá que responder a preguntas de los grupos sobre la actualidad y los últimos acontecimientos políticos, mientras que los consejeros deberán contestar preguntas sobre las medidas respecto a los trabajadores al servicio de la administración de la Generalitat, los motivos del traslado de la sede central del departamento de bienestar social y familia, el desarrollo de las leyes ómnibus, y la estrategia comunicativa del ejecutivo (CiU), la situación de los centros penitenciarios (PP), las delegaciones de la Generalitat en el exterior (ERC ), la sanidad y el transporte público (PSC), las iniciativas que piensa poner en marcha el departamento de salud para evitar conflictos de intereses de los directivos con responsabilidades en el sector público y privado (ICV-EUiA) y la posición del gobierno ante las medidas anunciadas por el gobierno español de castigar las desviaciones del límite de gasto autonómico (Joan Laporta).

Durante esta sesión plenaria los consejeros deberán responder también seis interpelaciones sobre la política exterior (Solidaridad), la situación de las finanzas municipales (ERC), la situación financiera de los entes locales (PSC), el sistema de tarificación y de financiación del transporte público (ICV-EUiA), la planificación y los financiación de las guarderías (PSC) y la estrategia con relación a la ocupación y los emprendedores (PPC).

El jueves se hará el debate y la votación de las seis mociones subsiguientes a las interpelaciones hechas el último pleno de 2011. La primera, de ERC, sobre las acciones para luchar contra la pobreza, pide, entre otras medidas, que se cree una mesa específica encabezada por el departamento de bienestar social y familia y con participación del resto de departamentos, agentes y entidades sociales, sector agroalimentario, comerciantes y consumidores, para diseñar estrategias y acciones para hacer frente al problema que deriva de los excedentes alimentarios.

Cierre o reorientación de las “embajadas” catalanas
La moción del PP será la que acapare más atención, ya que pide que la acción exterior de la Generalitat se reoriente hacia la internacionalización de la economía catalana, la atracción de inversiones y el fomento de las exportaciones, que se reconviertan o se cierren las delegaciones de la Generalitat en Buenos Aires, Londres, París y Berlín, que se revise el perfil de los actuales delegados de la Generalidad en el exterior y que anualmente se haga público el coste detallado de funcionamiento y mantenimiento de las oficinas y delegaciones.

La moción de ICV-EUiA, sobre la política económica, pide que se repruebe al consejero de Economía como responsable «de haber cometido una ilegalidad» con la retención del IRPF a los trabajadores de la Generalitat en diciembre pasado , que se devuelvan las cantidades retenidas, que se derogue el decreto de medidas urgentes en materia de tesorería, e insta al gobierno a hacer todas las acciones necesarias para afrontar los problemas de tesorería y evitar que recaigan sobre los trabajadores públicos y los proveedores. El subgrupo de Ciudadanos pide también a su moción la reprobación de Mas-Colell, la derogación del decreto ley y que el Parlamento muestre su apoyo al personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalidad. La moción de Solidaridad pide que se derogue el decreto y un cierre de cajas definitivo, «como mínimo» hasta compensar los 759 millones que el gobierno español debe a Cataluña.

En cuanto a la presentada por el PSC, sobre la situación de los servicios penitenciarios, insta al gobierno a continuar el desarrollo del plan nacional de ejecución penal 2008-2013, y a abrir durante el 2012 el centro penitenciario de Puig de Bases, así como a terminar las obras del centro penitenciario Mas d’Enric en Catllar, y a no detener el proyecto de obras del centro de preventivos en la Zona Franca de Barcelona. También le insta a cubrir todas las plazas vacantes en los centros penitenciarios y negociar un nuevo acuerdo de condiciones de trabajo en el ámbito penitenciario, manteniendo los complementos salariales específicos.