Pedro Sánchez durante la inauguración del ciclo de conferencias del Cercle d’Economía
Foto: LA MONCLOA

Tras la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, la pelota se encuentra ahora en el Gobierno, cuyo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deberá tomar una decisión para presentársela al Consejo de Ministros. El Ejecutivo tiene 45 días para dar una respuesta. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que la OPA solo será autorizada si respeta “el interés general” de los ciudadanos.

Antes, ha confirmado que desde este martes se abre un periodo de consulta pública para sondear los pros y contras que genera la ofensiva del banco vasco sobre el catalán. Dicha consulta tiene como objetivo, según ha explicado Sánchez, “tomar esta decisión con todas la garantías”.

La consulta se centrará en conocer lo que opinan sobre la OPA “organizaciones, ciudadanos y asociaciones”. “Nuestra intención es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen y competitividad, siempre y cuando beneficie al interés general”, según ha explicado el presidente del Gobierno.

Sánchez, encargado de inaugurar las jornadas organizadas por el Cercle d’Economia, ha intentado responder a las dudas sobre la OPA, pese a que este año el ciclo de conferencias se centra en «Europa, wake up call», dada la incertidumbre originada en el nuevo orden geopolítico mundial y el papel que debe jugar Europa ante la guerra comercial entre EEUU y China. En este nuevo orden, el presidente del Cercle, Jaume Guardiola, dijo a los asistentes que España debe decidir sobre «ser un actor relevante capaz de defender nuestros intereses o jugar un rol secundario».

Sin embargo, el interés de los responsables económicos y empresariales asistentes se centraba en la decisión que debe tomar el Gobierno sobre la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. El empresariado catalán representado por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ya ha pedido al Ejecutivo español que paralice la operación porque supondrá la pérdida de 70.000 millones en créditos al tejido productivo español. Además, argumentan «motivos estratégicos y de interés general y territorial», pese a la autorización «con compromisos» dada por Competencia.

Al sentir del empresariado catalán se suma al rechazo también mostrado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien considera que la operación supondrá la pérdida de 5.000 puestos de trabajo, además de entender esta operación como un «movimiento en contra del tejido económico, social, cultural y sindical catalán».

Para el presidente del Gobierno siempre hay que defender el reequilibrio territorial y tener en cuenta «la cohesión social y la cohesión territorial». Los empresarios y expertos económicos asistentes al Cercle no saben cómo se realizará la consulta pública, aunque como ha insistido Sánchez Llibre, la autorización de la CNMC es «insuficiente, decepcionante, inapropiada y precipitada». En todo caso, en Cataluña rechazan la OPA. No ocurre lo mismo en el País Vasco, por lo que el Gobierno deberá continuar con su encaje de bolillos para no enfadar a ninguno de sus socios políticos.